De acuerdo a un informe de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentado en octubre pasado daba cuenta de que Oaxaca reporta al menos 5 mil 449 personas desplazadas por motivos sociales o religiosos, el gobierno de Oaxaca indicó que se mantienen 78 familias desplazadas de San Pedro el Alto, Zimatlán de Álvarez.
El desplazamiento de Zimatán de Álvarez alcanza a 250 habitantes de las rancherías El Tlacuache y La Cofradía, quienes fueron obligados dejar sus localidades desde el 22 de marzo de 2024, a más de un año, quienes dejaron sus pertenencias han tenido que sobrevivir en condiciones de hacinamiento, sin comida y sin servicios de salud.
En un comunicado de prensa difundido hoy por el gobierno estatal se reconoce que se ha limitado a brindar “apoyo multidisciplinario de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV). Son “78 familias desplazadas de San Pedro el Alto, Zimatlán de Álvarez y 10 personas víctimas indirectas de homicidio y desaparición forzada de San Esteban Atatlahuca, de la región Mixteca que contaron con el apoyo disciplinario”, dice el comunicado, pero nada respecto a posibles avances para que las víctimas retornen a su lugar de origen.
De acuerdo con una publicación de Servicios para una Educación Alternativa (Educa) las víctimas llevan más de 14 meses viviendo en un terreno que les proporcionó el gobierno municipal de Zimatlán de Álvarez. Sin embargo, el problema, es que hasta las autoridades los han abandonado, ya que aseguran que viven hacinados, sin recursos suficientes para proveer alimentos a todas las familias desplazadas, y varios se encuentran desempleados, sin poder generar ingresos para mantener a sus hijos.
En su informe, la ombudsperson, Elizabeth Lara Rodríguez indicó que Oaxaca es la sexta entidad con mayor cifra de desplazados, apenas detrás de Guerrero con 21 mil 805 personas; en segundo lugar, Chiapas con 14 mil 953 personas; en tercer lugar, Michoacán con un total de 12 mil 993 personas; en cuarto lugar, Sinaloa con un total de 8 mil 733 personas; en quinto lugar, Chihuahua con un total de 6 mil 710 personas; y finalmente en sexto lugar, Oaxaca con un total de 5 mil 449 personas desplazadas.
En un documento publicado en el sitio El Muro.mx el periodista Pedro Matías indica “como Itzayani, doña Juana no puede contener el llanto. Su cáncer sigue avanzando, pero lo que la esta matando es haber dejado su casa que construyó con tantos sacrificios.
Con una voz desgarrada clama: “Me duele porque todo mi esfuerzo se quedó ahí, mi trabajo de toda la vida se quedó ahí. Ya no podemos regresar. Se llevaron todo, mesas, motosierras, trastes, muebles, herramientas, alambres, metate, comal…”.
Esto es parte de un reportaje sobre los desplazados de San Pedro el Alto, donde indica que los infantes han nacido en el destierro, ya que un grupo armado de Teojomulco los echó de sus tierras.
Además, en el único lugar en el que podían trabajar, los invasores de Santo Domingo Teojomulco tomaron posesión de la empresa de aprovechamiento forestal, la cual eral única fuente de empleo en el municipio de la sierra sur.
En febrero del año pasado, vecinos de la agencia municipal de San Pedro el Alto, perteneciente a Zimatlán de Álvarez exigieron al gobierno del estado que atienda de manera inmediata una invasión que está realizando el ayuntamiento de Santo Domingo Teojomulco, quienes se han apoderado de diversos predios a través del uso de la fuerza y armas de fuego.
Braulio Pablo Antonio, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro, explicó que desde el 2013 han sufrido de la invasión 6 mil hectáreas, desplazando a más de 23 familias, incluso realizaron una brecha delimitando la zona, pero ahora buscan ampliarlo y apoderarse de más de 2 mil hectáreas más.
En marzo siguiente estalló el conflicto y muchos de los habitantes fueron desplazados.
De acuerdo con el informe de la DDHPO en estados del norte el desplazamiento se da principalmente por cuestiones de violencia e inseguridad por el narcotráfico y la delincuencia organizada, y en el sur por conflictos intra o intercomunitarios, motivados principalmente por problemáticas asociadas a conflictos de carácter territorial, político y religioso; aunque en los últimos años la presencia del narcotráfico.
