Varios fraccionadores de terrenos de este municipio se inconformaron por una obra de agua potable que beneficiaría a otras colonias, argumentando que era muy pequeña, el presidente municipal Valentín Hernández Díaz y personal de Agua Potable les informaron que la obra no era para los fraccionamientos, que será hecha para colonias ya asentadas, señalando que quien vende terrenos en fraccionamientos, están obligados a brindar los servicios de agua y luz.
Al dar el banderazo de una obra de agua potable que consiste en un tanque de almacenamiento y la red de tuberías, válvulas y bomba de agua, con un costo de más de cinco millones de pesos, propietarios de terrenos fraccionados en la zona hicieron acto de presencia para manifestar su desacuerdo con dicha obra, dicho grupo pensaba que la infraestructura potable sería para beneficiar a los fraccionamientos que tienen en venta en el área.
Cuando el presidente municipal de Santa María Colotepec y personal de su cabildo e ingenieros del Sistema de Agua Potable de Oaxaca, darían por inaugurada la obra, al lugar se presentaron propietarios de diferentes fraccionadores de esta zona conocida como la Guayabiyera parte alta, perteneciente a la agencia de la Barra de Colotepec, manifestaron su inconformidad por el tamaño del tanque de 40 mil metros cúbicos de capacidad.
Y es que, tenían la idea que esa obra era para beneficiar sus terrenos y futuros pobladores, las autoridades ahí presentes les informaron que el beneficio sería para las colonias de la parte baja, colonias ya pobladas y que carecen del vital líquido, explicaron que los terrenos de los fraccionamientos no podían ser beneficiados por ser un proyecto privado.
Los inconformes exigían que la obra se modificara, que el tanque se triplicara en su tamaño y la bomba fuera de mayor capacidad, los ingenieros encargados de la obra les informaron que no era posible, que el proyecto no se puede cambiar, que ya está etiquetado y que estarían violando las normas ya establecidas por el gobierno federal, estatal y municipal, que con mezcla de recursos hicieron posible dicha obra.
El edil municipal explicó que cada fraccionador tiene la obligación de proporcionar los servicios de agua y luz a sus clientes o compradores, que por ley cualquiera que construye un fraccionamiento está obligado a incluir esos servicios en sus proyectos, que el gobierno no tiene la obligación de brindárselos por ser un negocio privado.
Los fraccionadores decepcionados y molestos dijeron ignorar esos reglamentos, tenían la idea que las autoridades estaban obligados a brindar esos servicios, que, al momento de ellos pagar los permisos de fraccionamientos, no se les daba esa información, mucho menos se lo exigían, y es que el pago de dicho permiso se realiza precisamente en el municipio.
Y es que, a raíz del anuncio de la súper carretera a la costa, en esta región y sobre todo en la zona de Puerto Escondido y sus alrededores, se disparó la venta de terrenos y muchos de ellos en fraccionamientos, cabe señalar que toda esta región en su mayoría son ejidos o bienes comunales, en muy raras ocasiones cuentan con escrituras públicas.
Muchos propietarios de tierras que ocupaban para sembradío de cacahuate, papaya y maíz, optaron por fraccionar sus terrenos, pagar el permiso al municipio para realizar la venta de sus lotes, pero sin que estos les exigieran que cumplieran con los requisitos que por ley deberían aplicar.
Cabe aclarar que la autoridad municipal que otorgó o autorizó dicho trámite fue en la pasada administración encabezada por Carmelo Cruz Mendoza.
El actual ayuntamiento señala que los permisos fueron otorgados indiscriminadamente sin importar el problema que a futuro iban a originar, Valentín Hernández Díaz, actual presidente municipal, aseguró que en su administración solo han autorizado un permiso de fraccionamiento y es por que cumple con todas las normas que se requieren y exigen señaló.
Dijo que la autorización indiscriminada de fraccionamientos ha acarreado múltiples conflictos, por tal motivo llamará a reunión a los propietarios con las autoridades para hacerles saber que están violando la ley y buscar acuerdos para minimizar los problemas.
Al final los manifestantes se retiraron decepcionados, sin embargo, algunos de ellos quedaron conformes y aceptaron que las autoridades tienen la razón, que son ellos quienes deben de proporcionar los servicios a sus clientes, “no podemos nada más cobrar y echarnos el dinero a la bolsa como producto de la venta de nuestros terrenos sin invertir un solo peso” señaló el señor Santos Martínez fraccionador en la zona.
