Con 34 votos a favor, integrantes de la LXVI Legislatura local aprobaron el proyecto de decreto por el que se les autoriza a los 570 ayuntamientos del estado contratar deuda pública con instituciones bancarias, hasta por 8 mil 339 millones 779 mil 51 pesos para proyectos de infraestructura.
Los cabildos podrán poner como fuente de pago del o los financiamientos que contraten hasta el 25% del derecho a recibir y los importes líquidos que anual e individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Y para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del pago, minimizar el riesgo de incumplimiento y garantizar la estabilidad financiera de los municipios, se plantea la celebración de un Contrato de Mandato Irrevocable entre cada municipio, el Gobierno del Estado y la institución financiera correspondiente.
Y de conformidad al artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Oaxaca cualquier contratación en este sentido deberá cumplir con los requisitos de autorización del Congreso, garantizando que los montos contratados, los plazos y las condiciones sean acordes con la capacidad financiera de cada municipio.
Según los legisladores dicho tipo de financiamiento se encuentra contemplado en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal que rige en todo el país, la cual tiene como finalidad que los municipios puedan contratar créditos para destinarlos a la infraestructura básica y no para el gasto corriente.
Lo anterior al ser una figura regulada por el marco normativo y diseñado por la Federación y cada que existe renovación de autoridades en el ámbito municipal, la Legislatura aprueba dichos mecanismos de financiamiento.
Ahora, cada ayuntamiento podrá contratar el o los financiamientos autorizados en los ejercicios fiscales 2025 y 2026, y deberán pagarlos en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo constitucional de la administración municipal que lo contrate, esto es, a más tardar el 30 de noviembre de 2027 para el caso de las demarcaciones que se rigen con el Sistema de Partidos Políticos.
Y, a más tardar el 30 de noviembre de 2028, para aquellos que se rigen por los Sistemas Normativos Indígenas, cuya administración municipal inicia a partir del 01 de enero de 2026.
