Huelga decir, sobre el esfuerzo del gobierno federal en los años 80 para destinar una cantidad de miles de millones del erario público, esfuerzo de todos los mexicanos para que Oaxaca tuviera un polo de desarrollo económico que mermara la pobreza y creara fuentes de empleo en Huatulco. Tenía que ser un proyecto distinto a Puerto Escondido, incluso distinto a Cancún, cuyas experiencias fueron frustrantes por actos de corrupción, ya que en Puerto Escondido acapararon tierras los políticos con prestanombres.
Desde los años 60, el congreso local, a petición del entonces gobernador, expropió los predios de Puerto Escondido y luego, luego, algunos altos funcionarios escogieron terrenos. El gobierno federal echó abajo tal expropiación y años más tarde, también, expropió los mismos terrenos y los entregó al gobierno del Estado, que, sin ninguna experiencia en desarrollos turísticos, hizo de Puerto Escondido, lo que ahora es: Un bello rincón oaxaqueño, sostenido por su gente y por sus inversionistas, que son sujetos de extorsión por los gobiernos municipales de Colotepec y San Pedro Mixtepec, que no le devuelven en servicios, lo que se llevan. Hay quienes pagan a los dos municipios el impuesto predial.
Como anécdota comento que antes de definir el actual aeropuerto en Puerto Escondido, todo estaba escriturado a particulares, y cuando se definió el área, se eliminaron esas escrituras y nadie reclamó por ser funcionarios de México. Y en Cancún, basta ver los hoteles, dentro del mar, que se comieron las playas.
La planeación de los expertos de Fonatur, en Huatulco, pusieron los controles que evitara todo tipo de corrupción, pues los predios fueron zonificados y valuados con base en los dictámenes, se licitaron por concurso y la adjudicación tenía un equipo de funcionarios sujetos al régimen de responsabilidad administrativa para aprobar cada venta como lo indica la ley hasta hoy. Hasta predios pequeños para artesanos y la clase trabajadora tuvieron que justificar con los documentos de Hacienda y otros más.
Ahora con la 4T han hecho varias ventas de garage. Si alguien se interesa, están en bajos precios, sin los requisitos originales de Fonatur. Ya en pleno desarrollo el proyecto, en un sexenio muy marcado por la ambición de tierras y negocios pujantes de quien gobernó, desde su campaña, les quitaron a algunas constructoras que no quisieron pelearse con Fonatur, algunos terrenos privados para esa campaña política, cosas que se filtran, pero nadie tiene pruebas.
Crece Huatulco, y hay que darles servicios de escuelas, hospitales, zonas de vivienda popular y con las formalidades de ley, se le donan terrenos al municipio, y ahí empieza un abuso abierto de algunos ediles, que incluso fraccionaron para su beneficio a nombre de constructoras fantasmas, algunos predios. Me enteré porque llegó el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa, y por ahí fueron a dar otros, a manos de los amigos cercanos al Poder Ejecutivo. Pero estos predios están totalmente identificables, porque fueron donados de Fonatur al municipio.
Y no falta que haya sido algunos sin la donación formal de Fonatur al municipio de Santa María Huatulco, como es el caso de los otros cuantos, que están en manos de impresentables. Esto quiere decir que estamos hablando de menos del uno por ciento del padrón inmobiliario. Si mucho del .5% (punto cinco por ciento). Ahora, ¿compraventas de algún influyente, desde los altos mandos?, seguramente, como ya lo anunció el señor gobernador, hectáreas a precio simbólico. ¿Serán dos o tres casos? La gente del pueblo sabe cuáles y dónde.
Ahora, ¿castigar y frenar el desarrollo inmobiliario como purga?, en la que paguen ¿justos por pecadores?, parar las compraventas con un requisito fútil, ilegal, de muy mala fe, en lugar de facilitar las ventas, Catastro pide una constancia de venta de Fonatur, como nuevo requisito, que obliga a los vendedores obtener los contratos de compraventa de sus antecesores, certificados ante notario público.
Así que cuando hay varios traslados intermedios entre Fonatur y el último comprador, muchos quedan en estado de imposibilidad por no poder obtener esos antecedentes en original para que se certifiquen (están en la Dirección de Notarías). Si el gobierno quiere enterarse de la historia traslativa, tiene al Instituto de la Función Registral de la Propiedad, no es complicado. Hace años, yo investigué los antecedentes de 400 propiedades de la ciudad de Oaxaca, cien años atrás, para un litigio y fue rápido. Huatulco, tiene una historia traslativa de 40 años.
El Instituto Catastral viola el derecho humano a una buena administración pública, el gobierno debe ser un facilitador, no un obstáculo. Ya suficiente con la altísima morosidad de los trámites, los pagos tan altos de impuestos traslativos de dominio, con tasas inconstitucionales. Platiquen con los notarios, cuántas ventas se han frenado por los altos impuestos. Ahora la morosidad, en promedio un año en algunas oficinas, sino hay impulso procesal (de dinero). El desgaste de quien quiere comprar y vender es tremendo. Es ilegal pedir los antecedentes de los contratos de compraventa previos e intermedios con Fonatur, del todo ilegal y arbitrario, pues son actos ajenos al último propietario. La gente que compra chueco, que trae ventas irregulares, se salta todo.
Les comento, con un poder notarial irrevocable para actos de dominio, vende no paga impuestos, y dejan pasar los sexenios y no podrá detectarse esa venta en un buen rato. Otra forma, quienes tienen las propiedades a nombre de empresas, sólo cambian a los accionistas y nadie se entera. Pero a los que actúan dentro de la ley, les cae todo el chahuixtle.
Está mal lo que están haciendo Catastro. No van a lograr nada y por lo pronto tienen paralizado el movimiento inmobiliario en todo Bahías de Huatulco. De verdad, gobernador, investigue, fíjese el daño inmenso que le hace a un lugar que deja mayor ingreso por el impuesto predial, me atrevo a decir, más, que la ciudad de Oaxaca.
Una respetuosa sugerencia, rescate el estudio para la modernización del Instituto Catastral, del sexenio anterior que costó 14 millones de pesos que por ineptitud de su entonces directora o por órdenes superiores no se puso en marcha.
Casualmente a fines del sexenio de Diódoro Carrasco, Sedesol pagó 16 millones de pesos, por un nuevo sistema en Catastro que atendía en línea todas las solicitudes de los notarios públicos, yo lo vi, el entonces director, me dispensó una demostración en correspondencia a mi colaboración en este proyecto. Casualmente en el sexenio siguiente, o se perdió o el gobernador o secretario de Finanzas, se negó a que funcionara.
Ahorita ya tendríamos un registro de catastro digital confrontado con el Instituto de la Función Registral, y así, no tendrían que buscar una aguja en un pajar. Investigue dónde quedó ese estudio de 16 millones de pesos y quién tiene la responsabilidad de no haberlo aplicado, y desviado a la basura esos recursos públicos. Ningún contralor se ha molestado en platicar con los notarios públicos, sabrían muchas cosas. Yo creo que no denuncian porque no pasa nada y bloquean al denunciante. En las ventanillas está la corrupción de los servicios públicos de todo el país. Un contralor a quien le reproché su inacción, me dijo: “fui a la fila y no vi nada”. Cómo se ve que ni su oficio conocía. Para ser contralor hay que ser un experto de la administración pública.
