Aunque las bandas criminales que operan en los Valles Centrales también los reclutan para sus actividades ilícitas como “el halconeo” o a través de la venta de drogas, las principales causas de detención de jóvenes en la Zona Metropolitana de Oaxaca, son por delitos patrimoniales.
De acuerdo con datos de las autoridades de seguridad pública, el 90 por ciento de los casos de detenciones donde se vieron involucrados jóvenes en un rango de 16 hasta los 25 años de edad, fue a causa de asaltos a transeúntes, robos a casa habitación, robo de autopartes, entre otros delitos considerados como patrimoniales.
La delincuencia juvenil también ha sido aprovechada por las bandas criminales que operan en el estado de Oaxaca, en el que criminales reclutan a jóvenes para realizar trabajos de vigilancia mejor conocido como “halconeo” o incluso para la distribución de las drogas.
En los operativos que llevan a cabo en los municipios conurbados con mayor incidencia en la venta de drogas, las autoridades han identificado la participación de jóvenes, quienes son utilizados por los grupos de la delincuencia.
Por estos hechos, en el 2023 existen informes policiacos de al menos 13 detenciones de jóvenes menores de 18 años que se dedicaban a la actividad del “halconeo”, quienes solamente fueron canalizados con sus tutores o en su caso en las instancias correspondiente para aplicarles las sanciones que marca la ley.
Fue hasta el mes de octubre de 2023 cuando el Congreso del Estado, modificó el Código Penal estatal para sancionar esta práctica en la entidad, en el cual estableció una sanción de 7 a 15 años de prisión y una multa de 200 hasta 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes incurran en esta actividad.
En ello, también, aplica para quien cometa el delito contra actos de investigación, actividades de seguridad pública y del Estado, que aceche, vigile, espíe, por medio de sí o vehículo aéreo no tripulado para reconocimiento aéreo, para obtener o proporcionar información sobre las actividades oficiales o personales que realicen o pretendan realizar las y los servidores públicos de instituciones de Seguridad Pública y procuración de justicia con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones u ocasionarles un daño a dichas instituciones o personas servidoras públicos o beneficiar actividades delictivas.
