La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), al cual pertenece la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, convocó a una Agenda Nacional de Paz para revertir la crisis de violencia que se vive a nivel nacional.
En el documento dirigido a todas las iglesias católicas que conforman el CEM, destaca que el objetivo de la agenda es abrir horizontes de justicia y paz por el momento crítico en materia de inseguridad y de violencia sin precedentes que se atraviesa en el país.
En el ámbito de la seguridad y la justicia, buscan promover la instauración de instituciones sólidas que tengan la capacidad de salvaguardar los derechos humanos, por lo que invitan alejarse de los enfoques punitivos y reactivos, priorizando la justicia restaurativa y soluciones alternativas a los conflictos.
Como tema central, proponen un cambio esencial en la conciencia colectiva, alejando de la sociedad de una cultura de violencia para abrazar una cultura del cuidado que reafirme el valor de la vida, la dignidad humana, la fraternidad y la casa común.
Además, destaca las propuestas de acciones centrales para reconstruir el tejido social, reforzar la seguridad, justicia y cárceles para tratar de abatir la crisis de inseguridad y violencia generalizada que ha afectado también a la iglesia católica.
En ello, hicieron un llamado a los gobiernos de los tres órdenes de gobierno, a las candidaturas políticas, a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, a los empresarios, a las asociaciones religiosas y todos los sectores de la sociedad a sumarse a estas acciones.
En tanto en los diferentes estados país, trabajarán para promover siete acciones para la paz en México como son fortalecer y compartir las buenas prácticas que han demostrado ser eficaces en área críticas como la seguridad, justicia y desarrollo social.
Establecer mesas técnicas dedicadas a influir en políticas públicas que aborden aspectos fundamentales como el tejido social, la seguridad, justicia y el sistema penitenciario, así como impulsar una agenda nacional por la paz en donde participen todos los sectores.
Atender los factores de riesgo que afectan a los adolescentes desde las escuelas secundarias y sus entornos familiares y comunitarios, además, de exigir la coordinación efectiva de las fuerzas de seguridad y la implementación de estrategias coherentes en todo el país.
