Por Carmen García Bermejo y Thelma Gómez Durán / Quinto Elemento Lab
Una exhaustiva investigación de Quinto Elemento Lab sobre la restauración de los 2 mil 340 inmuebles históricos y zonas arqueológicas afectados por los terremotos de septiembre de 2017 revela que a seis años una parte significativa de ese patrimonio (más de 600 edificaciones) se encuentra prácticamente en abandono y sin recursos financieros suficientes para su restauración.
Además, el patrimonio histórico del país se halla sin protección, pues el “seguro” contra sismos vigente contratado por el gobierno federal prácticamente no cubre nada.
No sólo eso: existe el riesgo creciente de que ante el abandono y carencia de recursos, algunos inmuebles construidos en el siglo XVI, apenas unas décadas después de la caída de Tenochtitlán, se pierdan irremediablemente a pesar de que la Unesco los declaró como Patrimonio de la Humanidad.
La magnitud de la tragedia y la insuficiencia de recursos económicos, de cuadros profesionales y de empresas especializadas que se hicieran cargo de la restauración, así como el caos administrativo y el incumplimiento de las normas establecidas para lidiar con un proceso tan complejo, desbordaron a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Ante ello, las autoridades pusieron en marcha una política que se apegó desde un principio a una línea: atender los inmuebles con daños menores que requerían menos trabajo, tiempo y dinero, para presentar, así, cifras que permitieran dar la impresión de que existe un avance significativo en las tareas de restauración. Esos números son engañosos.
Los reportes oficiales que hablan de un avance de 65 por ciento en la restauración del patrimonio afectado omiten mencionar que esas cifras distorsionan la realidad y ocultan el déficit en la recuperación: más de 600 inmuebles aún no se concluyen o no se han atendido siquiera; de ellos, al menos 250 presentan daños tan severos que comprometen su existencia.
A estas circunstancias se suma un elemento. Para la recuperación de los inmuebles históricos, el INAH contrató, entre otras, a diversas empresas cuyos giros comerciales nada tenían que ver con restauración de arquitectura virreinal: asesorías fiscales, arreglo de parques y jardines, comercialización de productos agrícolas, contratación de artistas, renta de escenarios para espectáculos, consultorías de opinión pública, cabildeo o publicidad, entre otras.
El resultado: varias de las restauraciones fueron mal realizadas, con alteración de las formas y materiales originales.
Para el desarrollo de esta investigación periodística las autoras construyeron una base de datos de todos los inmuebles dañados en 11 estados del país a partir de las respuestas obtenidas a más de 115 solicitudes de acceso a la información, así como decenas de recursos de revisión.
La base de datos incluye el listado con el nombre y ubicación de cada de uno de los inmuebles afectados por los terremotos, el tipo de daño que sufrieron (menor, moderado, severo), la empresa o persona física a la que se le asignó contrato, el monto del mismo, la fuente de los recursos financieros, el estado que guardaban a fines de 2022 (en proceso, concluido, sin trabajos, por ejemplo), entre otras variables.
Esta investigación muestra además las limitaciones de una política oficial que durante cuatro años y medio dejó desprotegido el patrimonio histórico del país, pues el desde entonces director general del INAH, Diego Prieto Hernández, uno de los pocos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto que repitió cargo en este gobierno, avaló cancelar en abril de 2018 la cobertura contra sismos por los elevados precios de las pólizas.
La información oficial obtenida, la visita a decenas de sitios en Puebla, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, así como entrevistas a ex funcionarios, peritos y especialistas, permite concluir que las cifras oficiales sobre el avance en la restauración del patrimonio afectado omiten mencionar que ese 65 por ciento refleja un reducido universo y que el grueso del desafío de la recuperación aún no se atiende.
Para ello, las autoridades recurrieron a un eufemismo: la restauración de un número muy alto de inmuebles está reportada como “en proceso”, etiqueta que oculta el desamparo en que se encuentran, pues en esa categoría se incluyen inmuebles en los que sólo se colocaron polines de apuntalamiento hace cinco años y a los cuales nunca se les ha hecho nada más, o aquellos a los que se hicieron tareas parciales pero no han reportado progreso en años.
“En proceso” de restauración aún se encuentran al menos 512 inmuebles históricos –490 de ellos de uso religioso–, de los cuales 233 tienen daño severo, lo que requiere una alta complejidad técnica en su reparación y recursos financieros hoy inexistentes.
Una revisión in situ y vía telefónica del estado que guarda una pequeña muestra de 80 inmuebles reportados como “concluidos” o en “proceso” encontró que dos de cada tres de ellos se hallan abandonados: se ha avanzado a cuentagotas o los trabajos nunca se iniciaron.
Aún más, si se excluyen los inmuebles con daños menores (sólo requerían inyección de grietas, resanados y trabajos superficiales) y moderados, se tiene que 60 por ciento de los inmuebles con daños severos no han sido concluidos.
Cuando se habla de daños severos, las imágenes sirven más para describir el desafío de su restauración: colapso de torres, desplome de bóvedas, facturas graves en muros y cimientos, desprendimientos de naves y fachadas, por ejemplo.
A este tipo de inmuebles con afectaciones mayores pertenecen, por ejemplo, nueve de los 15 monumentos declarados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, conocidos popularmente como la Ruta de los Conventos. De ellos, varios están en el abandono, otros están “en proceso” y sólo tres han sido concluidos en su totalidad.
La restauración de inmuebles con daños severos tienen un componente adicional: se requieren grandes cantidades de dinero para levantarlos. Y dinero es lo que ya no hay.
Desde septiembre de 2017 a diciembre de 2022 se han destinado poco más de 5 mil 400 millones de pesos a la restauración, de los cuales el gobierno federal ha aportado mil 500 millones de pesos, el seguro vigente cuando ocurrieron los sismos contribuyó con 3 mil 500 millones y el resto ha sido aportado por fundaciones privadas, particulares y gobiernos estatales y municipales.
A la fecha, el déficit de recursos es de miles de millones de pesos. Una estimación conservadora hecha por las autoridades en 2017 calculaba que se requerirían 13 mil millones de pesos para la restauración. El faltante es de 7 mil 600 millones.
Esa cantidad, anotan los especialistas, ya habrá aumentado porque el paso del tiempo ha deteriorado aún más a los inmuebles y el costo de su recuperación será mayor.
La situación y el deterioro de los inmuebles se agrava, además, porque ya no se canaliza un monto significativo de recursos. Desde 2017 y hasta 2022, el gobierno federal ha destinado un promedio de 470 millones de pesos anuales para este propósito.
A este ritmo, se requerirán unos 16 años más, por lo que la reconstrucción acabaría en el 2039.
Claro está, si antes no ocurren terremotos que dañen de nueva cuenta el patrimonio cultural del país. Si ello pasara, entonces habría una restauración de nunca acabar.
* Coordinación general y edición: Ignacio Rodríguez Reyna Quinto Elemento Lab es una organización periodística independiente, sin fines de lucro, que alienta y realiza reportajes de investigación en México. Para ver la serie completa de “Patrimonio en ruinas” puedes visitar https://quintoelab.org/patrimonio-en-ruinas
