Pese a las múltiples pifias legislativas que se han cometido en el Congreso del Estado de Oaxaca, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha determinado que la legislación oaxaqueña es inconstitucional, el Poder Legislativo local se ha estancado en materia de regularidad constitucional.
En fechas recientes, el máximo tribunal del país declaró inconstitucional la legislación de Oaxaca que penaliza la prestación de servicios financieros sin el registro correspondiente, esto al tratarse dicha materia de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
A ello, se suma la invalidez que declaró la SCJN la facultad del congreso local para designar a la persona titular del órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, pues determinó que se vulneraron los principios constitucionales de autonomía e independencia, en perjuicio de ese órgano de justicia local.
En legislaturas anteriores, el congreso local también sumó varios casos de inconstitucionalidad como de la Ley de Extinción de Dominio, cuando la Suprema Corte le avisó que en este tema solo podría legislar el Congreso de la Unión.
Otro caso más, fue en su momento la inconstitucional del artículo 146 del Código Civil de Oaxaca que establecía que el matrimonio era la unión entre un solo hombre y una sola mujer con la finalidad de perpetuar la especie. La Suprema Corte dijo que esa norma violaba el derecho a la igualdad y no discriminación.
En el año 2018, derivado de un juicio de amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena A.C. el Poder Judicial de la Federación determinó que el Congreso de Oaxaca había sido omiso en construir la ley de consulta previa libre e informada para los pueblos indígenas y de buena fe. Y obligó al Congreso oaxaqueño a construir la ley de consulta indígena. Fue el primer caso en el país en que un congreso estatal es obligado a construir una ley en materia indígena.
En ese sentido, el presidente de Litigio Estratégico Indígena, Carlos Morales Sánchez, expuso que es evidente que algunas y algunos integrantes del Congreso de Oaxaca desconocen las nociones de parámetro de control de regularidad constitucional, control de convencionalidad y principio pro personae.
“Estas herramientas permiten operativizar la reforma constitucional de 2011, por ello consideró que es necesario que el congreso local por una parte, reciba capacitación sobre el tema y por otra parte, que cree un organismo honorifico que podría denominarse “Comisión de revisión de proyectos legislativos frente al parámetro de control de regularidad”, que podría ser integrado por profesoras y profesores de derecho constitucional y derechos humanos de las diversas universidades de Oaxaca, asociaciones civiles. Desde luego que Litigio Estratégico Indígena se sumaría a esa comisión honorifica”, destacó.
