Más de 12 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantó (retiró) las medidas cautelares que había emitido el 7 de octubre de 2010 a favor de 135 personas triquis de San Juan Copala, al considerar que ya no persiste la situación de violencia o necesidad humanitaria que las motivaron.
Retirar estas medidas que tenían por objetivo evitar daños irreparables a las personas u objeto de una petición fue también a raíz de las múltiples solicitudes del gobierno del estado de Oaxaca para levantarlas (5 peticiones entre 2015 y 2022) y ante la conformidad de uno de los cinco grupos de desplazados.
El levantamiento de las medidas fue aprobado el 1 de diciembre y publicado después de que el gobierno estatal y el de Oaxaca de Juárez desalojaron a los cuatro grupos de desplazados triquis que entre 2010 y 2020 se plantaron en el portal del Palacio de Gobierno, dos zonas de la parte frontal de este y uno de sus costados. El argumento fue la carencia de autorización para ejercer el comercio en la vía y espacios públicos.
El desalojo fue durante la madrugada del 2 de diciembre, el segundo día de gobierno de Salomón Jara Cruz, y con apoyo de policías estatales y municipales, inspectores del comercio en vía pública, funcionarios de los dos órdenes de gobierno. Además de contar con observadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
La CIDH, organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (de la que es parte México), emitió la resolución 66/22 sobre las medidas cauterales dictadas en el expediente MC 197-10.
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REASENTAMIENTO E INDEPENDENCIA
Si bien no se logró el retorno a San Juan Copala, la CIDH consideró que en más de 12 años se ha logrado el “reasentamiento e independencia de las personas” beneficiarias de las medidas. Aunque no descartó que puedan volver a solicitarlas si existe nuevamente una situación de violencia o riesgo como la de 2010.
En tanto, explicó que “con independencia del levantamiento de las presentes medidas, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, es obligación del Estado de México respetar y garantizar los derechos reconocidos en la misma, incluyendo la vida e integridad de las personas beneficiarias”. Y que esto “incluye continuar con las investigaciones que resulten pertinentes para determinar las responsabilidades correspondientes en los términos establecidos por la Convención Americana y los estándares aplicables.
En el documento de 28 páginas, la comisión hace una relatoría de hechos como los que motivaron las medidas, la división de desplazados por enemistades, la emigración de varios de ellos. Asimismo, sobre las pruebas o informes de parte del estado sobre el cumplimiento de las medidas y de la o las representaciones de los cuatro grupos de desplazados, respecto a si se cumplen o no las medidas y los acuerdos; o si no se aceptan tales.
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LOS BENEFICIADOS
Aunque al inicio las medidas fueron para 135 personas del Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC), la comisión señala que tras diversos censos las personas beneficiarias eran 109, luego 108 y en otro momento, 60. Aunque la resolución se basa en el número marcado en el expediente de 2010 y se señala que cinco fallecieron.
Se estima que las y los desplazados están en 42 familias y cuatro grupos, representados estos por: Reyna Martínez Flores, Jesús Martínez Flores, Braulio Hernández, Sergia Cepeda y Lorena Merino (ahora representado por María Juana Santiago).
Mujeres triquis mantienen protesta ante desalojo
Este sábado, a un día del desalojo del zócalo, un grupo de mujeres e infantes triquis volvió a protestar en contra del gobierno estatal y municipal. Con carteles, el grupo liderado por Lorena Merino intentó quitar las vallas metálicas y se confrontó con el cerco policiaco dispuesto en el corredor del Palacio de Gobierno.
La manifestación fue observada por cientos de personas que transitaban por el área.
Con varias consignas y una lona, exigieron respeto a quienes, explicaron, cuentan con medidas cautelares.
La manifestación siguió a las realizadas el viernes, en donde otros grupos como el de Reyna Martínez y Lorena Merino externaron su rechazo al desalojo e incluso dijeron no haber sido notificadas del levantamiento de las medidas cautelares.
Beneficiados
135 con medidas cautelares iniciales
42 familias
4 grupos
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