El gobierno mexicano ofreció este miércoles una disculpa pública por el feminicidio y las omisiones en la investigación de la muerte de Digna Ochoa, abogada que se volvió icono de la violencia que afrontan los defensores de derechos humanos en México.
El gobierno pidió perdón 21 años después del asesinato de Ochoa y meses después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en enero pasado condenó a México por la “deficiente” investigación de su muerte, lo que constituyó una violación a su obligación de garantizar el derecho a la vida.
“Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal, y porque tampoco el estado mexicano garantizó su acceso pleno a la Justicia”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno.
El hecho es relevante porque Ochoa, nacida en Misantla, Veracruz, en 1954, era una reconocida defensora de derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que lleva casos de alto perfil de violaciones de derechos humanos, asesinatos y desapariciones.
Su cuerpo apareció en un despacho jurídico de la capital mexicana el 19 de octubre de 2001 con un disparo en una pierna y otro en la cabeza, pero las autoridades mexicanas argumentaron que fue un suicidio, lo que desató la búsqueda de su familia por la verdad.
El subsecretario Encinas reconoció ahora fallas en la implementación de protocolos especializados para investigar su caso, faltas al debido proceso y a las debidas diligencias, así como la estigmatización de su memoria y su lucha por su género y por su pertenencia social y cultural.
Por ello, tras el fallo de la CorteIDH, se reportó la reapertura de la investigación penal para esclarecer la muerte, para lo que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ha creado una unidad especial.
Además, anunció que habrá indemnizaciones para la familia y calles con su nombre en la capital y en su natal Misantla.
“El gobierno de México reconoce la situación de riesgo en el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo en nuestro país”, agregó Encinas.
