El encarcelamiento de una ciudadana indígena de Santiago Yaveo, Choapan generó ayer una ola de condena y medidas de protección por parte del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).
El fin de semana se viralizó el encarcelamiento de Essica Vázquez Rumualdo, perteneciente a la etnia Mixe, quien busca el reconocimiento como candidata a regidora de Educación por la planilla dorada, en el municipio de Santiago Yaveo, Choapan.
Vázquez Rumualdo denunció que el 8 de octubre pasado fue privada de su libertad y, con violencia, fue encerrada en la cárcel municipal.
Al respecto, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, calificó el hecho de inadmisible, al tiempo de culpar la reciente prórroga en Sistemas Normativos Internos (SIN) aprobado en el Congreso del Estado.
Encarcelaron a una mujer de Oaxaca para impedir su participación electoral, derivado del retroceso aprobado a las leyes del estado por la que la paridad total en comunidades indígenas no tiene plazo para cumplirse”, afirmó.
Retroceder implica reeditar abusos”, enfatizó la consejera del INE.
A su vez, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) emitió un acuerdo, de inmediata atención, por el que dicta medidas de protección a favor de esta persona.
Vinculó a nueve instituciones para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, de manera inmediata, garanticen a la actora sus derechos políticos electorales, y, lleven a cabo las acciones que sean necesarias, para salvaguardar los derechos de la promovente.
Esto, con el fin de cesar e inhibir las conductas que puedan constituir actos de violencia política en razón de género.
El Órgano Jurisdiccional remitió el original del escrito presentado por la actora, a la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a efecto de que atienda las manifestaciones planteadas por la actora y conforme a sus facultades de investigación determine los posibles actos de violencia política de género, a través de un Procedimiento Especial Sancionador (PES).
Las autoridades vinculadas deberán informar a este Tribunal, en el término de tres días hábiles, respecto de las determinaciones y acciones que adopten en cumplimiento al presente acuerdo plenario, expone.
Sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto o veracidad de los hechos narrados, lo anterior, con la finalidad de evitar cualquier peligro en su vida, integridad física y psicológica, y la de su familia, concluye.
