La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer el “modus operandi” del Cartel del Despojo” en Oaxaca, que ha permitido elaborar 1 mil 467 carpetas de investigación que se iniciaron en marzo de 2022, de las cuales 213 están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó que estos se apoderan del inmueble a través del despojo, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad e, incluso, en los casos más extremos, homicidio.
El subsecretario Ricardo Mejía explicó la manera en que llevan a cabo un despojo de inmuebles en la entidad oaxaqueña.
Todo surge de la ubicación de algún inmueble que esté en buena ubicación y tenga plusvalía, además que no cuente con un propietario visible. Los sujetos investigan en el Registro Público, Catastro o Registro Civil y a partir de esta investigación simulan actos jurídicos para ir despojando a los legítimos propietarios”.
Se hacen inscripciones precautorias y se modifican las escrituras, y en estas operaciones intervienen grupos criminales, gestores o supuestos líderes, a través de funcionarios públicos para alterar las escrituras e inscripciones registrales.
Estableció que en estos actos también se recurre a la violencia física, amenazas, privación de la libertad y en casos más extremos homicidios para poder quedarse con el inmueble.
Abundó que “una vez que hacen todas las alteraciones, inscriben las escrituras y obtienen recursos a través de la venta de inmuebles”.
De acuerdo con el funcionario la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay un total de 1 mil 467 carpetas de investigación que se iniciaron en el periodo de marzo de 2021 a julio de 2022, de las cuales 14.5 por ciento están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.
En su reciente comparecencia ante diputados locales, el titular de la Fiscalía General del Estado, Arturo de Jesús Peimbert Calvo admitió que hay 164 indagatorias en curso en las que están implicados notarios, abogados, corredores públicos, funcionarios registrales, comisariados de bienes comunales y ejidales, autoridades municipales y en algunos casos hasta miembros del crimen organizado.
El fiscal señaló que estos casos han aumentado en la región del Istmo de Tehuantepec, presumiblemente por el crecimiento de la plusvalía derivado del proyecto de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los beneficios económicos que puede representar la tenencia de la tierra, además de la región de la costa por la posibilidad de explotar los terrenos en desarrollos turísticos.
