La organización internacional Artículo 19 dio a conocer su informe sobre violencia y agresiones sufridas por los periodistas en México durante el primer semestre de 2022. En él se da cuenta que, contrario al discurso del presidente López Obrador, el Estado mexicano es el principal responsable de dichas agresiones desde 2007, además de detallar que sólo en los primeros seis meses del año se han registrado 331 casos con la Ciudad de México como la entidad con mayor incidencia del país.
Entre las violencias retomadas se encuentran el desplazamiento interno forzado, el exilio, discursos estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación, intimidaciones y hostigamientos, amenazas, violencia en línea o digital y la más grave de todas, la letal. El organismo reconoce la muerte de 12 periodistas en la primera mitad del año, de los cuales, nueve de ellos se muestran indicios o se relacionan directamente con el desarrollo de la labor profesional.
“En un contexto donde existen graves violaciones de derechos humanos, y donde la prensa es agredida por dar a conocer temas de interés público; es urgente que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones y tome acciones contundentes a través de políticas públicas integrales en materia de libertad de expresión, combate a la impunidad y de acceso a la información”, insta Artículo 19 en la presentación de su reporte.
ESTADO MEXICANO, EL PRINCIPAL AGRESOR
Del las 331 agresiones documentadas, 128 fueron perpetradas por algún agente del gobierno de México, lo que equivale al 38.67% del total. A su vez, los y las funcionarios públicas civiles se ubicaron como los que más ejercieron violencia, en cualquiera de sus variantes, en contra de los comunicadores con 75 casos. Es decir, el 22.65% del global. Los segundos responsables fueron las fuerzas de seguridad civiles (policías) con 45 reportes que representa el 13.60% y en tercer lugar, las fuerzas armadas (militares) con ocho que corresponde al 2.42%.
En este ámbito, los ataques que más cometieron las autoridades fueron a través del uso ilegítimo del poder público que abarca desde la criminalización; la estigmatización por medio de comunicación oficial; el hostigamiento judicial por la vía civil, o ministerial por la vía penal; el hostigamiento administrativo; la suspensión, denegación o condicionamiento de publicidad oficial, hasta la filtración de información en procedimientos y procesos.
En cuanto a los agresores fuera del Estado mexicano se encuentran: personas afiliadas a algún partido político con 17 casos con el bloqueo informativo y la violencia física como principal variante; integrantes de algún grupo de crimen organizado con 30 casos entre amenzas, hostigamiento y asesinatos; por algún particular con 68 casos y finalmente, sin determinar con 88 casos.
LA CAPITAL, LÍDER EN INCIDENCIA
El informe detalló que la Ciudad de México es la principal demarcación federal en donde se cometieron más agresiones de enero a junio de este año. Fue en la capital del país en donde más casos se reportaron con 49. A esta le siguieron Yucatán y Michoacán con 30 cada uno, Tamaulipas con 21, y Chiapas con 20, Guerrero y Veracruz con 17.
LAS COBERTURAS MÁS PELIGROSAS
Para el periodismo mexicano, la fuente de corrupción y política representó la de mayor peligro con 168 ataques a razón de su cobertura. Es decir, el 50.76% del global, mientras que seguridad y justicia fue la segunda con 76 reportes que correspondió al 22.96%. En menor medida, también se encuentran temas relacionados a los Derechos Humanos, protestas o movimiento sociales, tierra y territorio, y por último vinculados al sector privado.
A manera de conclusión, Artículo 19 expresó: “Las 331 agresiones contra la prensa registradas a lo largo de seis meses reflejan claramente las acciones y omisiones de las autoridades en agravio de la prensa. En este contexto, las autoridades niegan la violencia contra la prensa, al mismo tiempo que directamente perpetran agresiones contra periodistas y medios. En este sentido, pese a ser uno de los momentos más críticos para la prensa en México, se vislumbran pocas acciones para el combate a la impunidad”.
