Víctimas de hechos violentos en las comunidades de Ndoyonoyuji, Mier y Terán y Guerrero Grande, además del Centro de Derechos Humanos y Atención a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), recriminaron la liberación de las autoridades de San Esteban Atatlahuca, presuntas responsables.
Los imputados están acusados del delito de homicidio en contra de Isidoro Hernández, que fue asesinado el día 23 de octubre del 2021 por disparos de arma de fuego en inmediaciones de Mier y Terán, San Esteban Atatlahuca.
También están señalados en otras carpetas de investigación de hechos violentos efectuados los días 21, 22 y 23 de octubre del 2021 en la comunidad de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji, San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco.
Un comando armado provocaría, además de dos decesos, cuatro personas desaparecidas, más de 100 casas incendiadas y 132 familias en desplazamiento forzado interno, cuyas víctimas acusaron a las autoridades de ser las responsables.
Tras las indagatorias pertinentes, el pasado 22 de julio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó dos órdenes de aprehensión en contra del presidente municipal y el síndico hacendario de Atatlahuca, estando latente la amenaza de un nuevo ataque para el día 23 de julio.
C. R. S. síndico hacendario, fue detenido en el Barrio San Diego, Tlaxiaco, por elementos de la Policía de la Agencia Estatal de Investigaciones; posteriormente fue detenido el edil, R. B. B.
Ambos fueron puestos a disposición del juez de control y trasladados al penal de Tanivet, bajo la causa penal 066/2022.
Sin embargo, en la audiencia de control de detención que se efectuó ese mismo día, el juez decretó de ilegal la detención, argumentando que los policías aprehensores no fijaron de manera correcta el lugar de la detención, por lo cual fueron liberados en la madrugada del día sábado 23 de julio del 2022.
La liberación de estas personas se efectuó por presión política, ya que autoridades y vecinos de San Esteban Atatlahuca mantuvieron una reunión con diferentes autoridades del Gobierno del Estado, entre ellos el Secretario General de Gobierno, solicitando la liberación de ambos”, dijo el CEDHAPI y los afectados, quienes cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Condenaron que “con este hecho queda acreditado que en Oaxaca prevalece la impunidad y se privilegia a los grupos políticos y económicos que negocian y amagan por medio de la amenaza y la violencia”.
Sentenciaron, “en Oaxaca prevalece la impunidad privilegiada por el poder judicial y Fiscalía General del Estado, existen los jueces de consigna”.
