La reactivación económica y la reconstrucción del Istmo de Tehuantepec tras los sismos del 7 y del 23 de septiembre continúan generando críticas de constructores y empresarios que se dicen excluidos por los gobiernos federal y estatal, este último también criticado por haber adquirido una deuda de mil 200 millones de pesos que los especialistas califican de innecesaria.
Representantes de la iniciativa privada, arquitectos y especialistas en construcción acusan que la entrega de apoyos, tanto los 10 mil pesos que ofreció el Gobierno del Estado a empresarios y comerciantes afectados, como los 120 mil pesos para la reconstrucción de viviendas, son insuficientes y se están direccionando para favorecer a grandes empresas de la construcción.
“Hay una responsabilidad del Estado sobre los derechos humanos; hay un derecho a vivir en dignidad que la gente lo ha perdido; la otra es en manos de quién pone la reconstrucción, en manos del negocio o en manos de la gente”.
La gente debe ser sujeto de su propia transformación, manejar la reconstrucción desde una visión amplia, no es sólo arreglar su casita”, expresa Enrique Ortiz, representante de Hábitat International Coalition, una organización que ha sumado a firmas de colectivos de 13 países de América y Europa para exigir al gobierno federal que la reconstrucción de las zonas afectadas por sismos respete la identidad cultural de la población y el derecho a una vivienda digna.
Empresarios, sin censo
La exclusión en el proceso de reconstrucción va en dos vías, afecta tanto a empresarios establecidos que a pesar de estar registrados ante Hacienda aún no han sido censados, y a pequeños constructores y fabricantes de materiales sin comprobantes fiscales.
Juan Gilberto Prado, representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juchitán, acusa que la falta de comunicación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno los mantiene en desventaja frente a grandes corporaciones empresariales que comienzan a operar en las zonas afectadas.
Al gobierno estatal, señala, se le pidió que generara un proceso que beneficiara primero a empresarios y comerciantes del Istmo, “luego del estado y después del país, si no, cómo quieren que se reactive la economía en nuestra región y estado, si le dan beneficios a los de afuera, cuál beneficio, cuál movimiento de empleos directos e indirectos”.
Incluso hay comercios de diversos municipios y agencias del Istmo que quedaron fuera del censo de establecimientos que podrán recibir las tarjetas de Bansefi para la compra de material de construcción.
Estas tarjetas, explica, “las van a recibir únicamente los comercios que se dedican a la construcción y que llenaron una solicitud, les van a dar un equipo para recibir esa tarjeta, solicitamos que se incluyera a compañeros del Istmo, de otras poblaciones, de agencias, pero no están tomados en cuenta.
“Le solicitamos al gobernador que haga lo mismo que hizo en la ciudad de Oaxaca, donde estuvo reunido con Canacintra, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, pero en ningún momento invitaron a las cámaras de comercio de la región, eso le dijimos, replíquelo en el Istmo, dijo que sí, que lo iba a agendar”, agrega el líder de la Canaco. “No parecen escuchar nuestros gobernantes”, sentencia.
Se robaron la técnica del adobe
La organización Cooperación Comunitaria fue reconocida el pasado 26 de septiembre con el Green Star Awards, el premio que otorga la Cruz Verde Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a proyectos que ayudan a prevenir o atender catástrofes naturales. El reconocimiento, por su labor en la reconstrucción de comunidades tras los devastadores huracanes y deslizamientos de tierra en 2013 en Guerrero, lo logró en parte por su trabajo para reconstruir viviendas adecuadas a zonas vulnerables con una técnica de la cual ahora el gobierno federal pretende apropiarse.
“Se piratearon nuestro proyecto, no es que el gobierno promueva casas de adobe, hizo un folleto a partir de un manual que realizamos para la reconstrucción en las montañas de Guerrero, el hecho de que pretendan que eso se traslade al Istmo de Oaxaca es un error, nosotros estamos analizando la vivienda del Istmo para reforzarla”, explica Isidora Hastings, directora de Cooperación Comunitaria.
La organización ha advertido además, que en el proceso de reconstrucción, con los 120 mil pesos que se dará a cada poblador registrado con pérdida de vivienda totalmente, la Secretaría de Hacienda está obligando a que los materiales se compren únicamente en establecimientos con registro fiscal, lo cual deja fuera a fabricantes locales.
“La gente hace adobes o compra en ladrilleras de la zona, pero a ellos no se les va a poder comprar, se tendrá que comprar en casas de materiales, lo cual hace que los precios suban, también quedan fuera gente que aprovecha la madera y los comisariados de bienes comunales que pueden aprovechar materiales como piedra o grava, pero no tienen comprobantes fiscales, va a haber un acaparamiento de las constructoras y de las casas de materiales”, explica Isadora Hastings, directora de Cooperación Comunitaria.
Reconstrucción, cuestión de derechos humanos
Al menos 50 organizaciones han mandado una carta al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para demandarle el reconocimiento del derecho a las comunidades a ser incluidas en el proceso de reconstrucción de sus pueblos.
En la carta exponen que los gobiernos en México han utilizado los subsidios postcatástrofes para beneficiar a empresas constructoras que, en aras de reducir los costos, disminuyen proporcionalmente la calidad de los materiales y espacios.
“Las empresas no toman en cuenta la participación de la gente en el proceso constructivo. Entregan viviendas terminadas, con modelos que se repiten a lo largo del país, inadecuadas a la cultura de las poblaciones y a las necesidades habitacionales, en un acto de discriminación para los más necesitados, que atenta contra su calidad de vida y su seguridad. Es por ello que nos oponemos a que una vez más se lucre con los recursos canalizados a vivienda post-desastre y peor aún, se niegue a la población sus capacidades de organización”, plasma el documento firmado por la Coalición Internacional para el Hábitat-oficina América Latina.
El arquitecto Enrique Ortiz expone que la reconstrucción es un asunto de derechos humanos y que sobrepasa la visión del gobierno de generar un sinnúmero de casas iguales.
“Se requiere una visión más compleja, no nada más es arreglar la casita, cuando tú le impones algo a la gente por la prisa de los tiempos, por la prisa de los votos, para demostrar que estás haciendo algo, al final eso no queda valorado por las comunidades porque no hay una respuesta a sus necesidades, a su forma de vida, a sus sueños, necesitas procesos en los que la gente se apropie y no tienen que ser necesariamente tan rápidos”.
La gente, agrega el especialista, “fue aplastada por el sismo y todavía la aplastas más sin dejarla que decida”.
Además, aprueban deuda innecesaria
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
La deuda por mil 200 millones de pesos que el gobernador del estado Alejandro Murat pidió aprobar al Congresos estatal es “innecesaria, porque para eso está el Fondo de Desastres Naturales”, asegura el abogado Simón Levy, autor del libro Crecer sin deuda.
“El Fonden para eso existe, es un fondo federal, no un fondo local, un estado no debería estar pidiendo deliberadamente una deuda adicional; primero, porque está este fondo, segundo, porque existen muchas otras maneras para generar elementos alternativos como son la inversión o el desarrollo de infraestructura”.
El gobierno, asegura el especialista, reconocido como joven líder global por el Foro Económico Mundial, solamente ha utilizado formas de coparticipación con la iniciativa privada cuando se trata de beneficiar a grandes capitales, como la construcción de las supercarreteras al Istmo y la Costa, que implican solamente más deuda.
“A lo que me refiero con coinversión es a que el gobierno tiene muchos activos públicos que puede asociarse con el sector privado y pueden participar conjuntamente sin que el Estado tenga que privatizar o concesionar, a partir de proyectos para generar vivienda pública, transporte público el gobierno y la iniciativa privada pueden generar recursos y no necesita contratar deuda para desarrollo de infraestructura ni pagarle al privado vía presupuesto”.
En su exposición de motivos, el gobernador Alejandro Murta expuso que la deuda solicitada servirá para la reconstrucción de Oaxaca tras los sismos de septiembre y, “Aunque el estado podrá acceder a los recursos del Fonden, los recursos que corresponden a la entidad serán insuficientes”.
Ese argumento fue descartado por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que acusó que el Ejecutivo local “no define un plan de ahorro y austeridad”. Además, la Secretaría de Finanzas, en el estado analítico de ingresos del periodo enero-junio 2017 establece que las arcas del Gobierno del Estado cuentan con un ingreso extraordinario por 34 mil millones 774 mil 004 pesos.
Para Levy-Dabbah, otro argumento en contra de que se contrate más deuda aun en escenarios de catástrofe, es la falta de transparencia en la utilización de miles de millones de pesos.
“No se maneja con transparencia, en Crecer sin deuda hay un análisis estadístico que demuestra por entidad el nivel de endeudamiento, a dónde han ido a parar los recursos y cómo no se han desarrollado proyectos”.
La deuda pública, agrega, es el mayor impuesto que pagan los mexicanos, ya que de cada peso 47 centavos se destinan a su pago, “ni si quiera de capital, sino solo de los servicios financieros, de los intereses de deuda”.
