En el compromiso de impulsar y colaborar en acciones que garanticen un trato digno y humano a las personas indígenas que se encuentran enfrentando un proceso judicial o privadas de su libertad, el titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, participó en la firma del convenio “Por una Justicia más cercana a las Personas Indígenas”, formalizado entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Poder Judicial de la Federación (PJF).
En el marco de la ceremonia, realizada en el edificio sede del Alto Tribunal, en la Ciudad de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura refrendó la prioridad de su administración con el respeto a los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas, así como de consolidar una justicia humanizada, más eficiente y transparente.
En las estrategias encaminadas a este objetivo, específicamente en apoyo hacia las personas de comunidades originarias, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca es referente a nivel nacional por contar con una Sala de Justicia Indígena, con importantes avances en materia; ha generado sinergias con la sociedad civil para hacer efectiva la impartición de justicia a este sector y elaboró el Protocolo para la armonización y la coordinación entre las jurisdicciones estatal e indígena-afromexicana.
También, de manera permanente se promueven cursos especializados, diplomados, seminarios y congresos; la edición de libros y el año pasado por la implementación del proyecto “Diálogo entre Justicias” se recibió el premio “Copilli 2021” a las buenas prácticas gubernamentales que otorgan la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, denominada GIZ (por sus siglas en alemán).
Al ser Oaxaca un estado pluricultural, el Poder Judicial del Estado, reconoció la trascendencia del convenio entre el PJF y el Gobierno de Oaxaca que fue firmado por el ministro presidente Arturo Zaldívar y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que a través del Instituto Federal de Defensoría Pública se coadyuve con las autoridades de la entidad en la defensa de personas de escasos recursos y vulnerables con una defensa de calidad.
