Unas 20 organizaciones sociales son las más activas en movilizaciones, principalmente en el inicio y cierre de cada año, o de una administración gubernamental.
Los techos financieros que piden van de los 40 a los 180 millones de pesos, y por lo cual, suelen bloquear carreteras, salir a las calles o tomar la Ciudad Administrativa.
En los últimos días, el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) instaló un plantón ininterrumpido para pedir respuesta a sus temas pendientes; asimismo, demanda la intervención directa del gobernador Alejandro Murat.
En la lista de la Secretaría General de Gobierno (Segego) se encuentra Antorcha Campesina, el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI).
También destaca la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, así como el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, la 23 de Octubre y el UBISORT.
La agenda integra a la Asociación para el Fomento y Desarrollo de los Pueblos de Oaxaca (Afodepo), el Frente Popular Revolucionario, Consejo Indigenista de los Pueblos de Oaxaca (CIPO), así como Sol Rojo.
Suman a la Unión de las Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), entre otras que suelen manifestarse con el objetivo de conseguir recursos económicos y beneficios a las personas que traen como simpatizantes.
Este grupos, suelen entregar sus pliegos petitorios en inicio de año, con el cual, se acompañan de movilizaciones y también cierra con una protesta.
Mientras tanto, en este 2022 la situación es particular porque aún cuando es inicio de ejercicio, por veda electoral, hay retraso en la liberación de presupuesto.
Otro de los temas por los que recurrentemente protestan las organizaciones es el de justicia, así como de conflictos entre las comunidades.
La Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade) es la responsable de asignar los recursos por proyectos, es la dependencia que entrega o libera los apoyos.
Fue en el sexenio de Gabino Cué cuando les asignaron techos presupuestales y en estos años, piden asignaciones que van de los 40 hasta los 180 millones, los cuales justifican como proyectos en beneficio de grupos vulnerables, se reportó de manera oficial.
