Con 10 mil pesos para cada comerciante y empresario, así inicia la reactivación económica del Istmo de Tehuantepec.
Son 10 mil pesos para el hotel Don Alex que no ha reabierto sus puertas; otra cantidad igual para la veterinaria Luna, que ayer iniciaba las labores de limpieza; para las Gigantortas Chilangas, que se ubica en la carretera en una caseta de lámina y para el hotel restaurante Crystal, de cuatro pisos, que espera ser demolido, hasta sumar 55 millones de pesos que el gobierno ha dispuesto a través de Ban-Oaxaca.
“Bueno, aunque sea eso”, es la expresión de un contador público formado afuera del centro de cómputo del Tecnológico del Istmo junto a dos centenares de empresarios y comerciantes formales que acudieron ayer al llamado de la Secretaría de Economía estatal para iniciar la recopilación de documentos -la acreditación de propiedad del comercio o empresa y el acta de no adeudo ante el SAT- para la entrega de los apoyos.
Ayer la Cámara Nacional de Comercio de Juchitán (Canaco) publicó un desplegado en el que le solicita a los gobiernos de los tres niveles acciones inmediatas que permitan que el dinero comience a circular en este municipio. A la bolsa que Economía ha anunciado le faltan 225 millones de pesos que les han pedido a los gobiernos retirar de sus arcas, especialmente al municipal de Gloria Sánchez.
“Hay 65 millones de pesos extraordinarios que el ayuntamiento tiene en su arcas, que ni siquiera contaban con ellos”, expresa Juan Gilberto Prado, representante de la cámara empresarial en Juchitán.
Los recursos a los que se refiere fueron entregados por la empresa Eólica del Sur el 12 de mayo pasado al ayuntamiento por la autorización para el cambio de suelo para la construcción de la planta de energía eólica Fomento Económico Mexicano, SA de CV (FEMSA), que aún no tienen destino.
La propuesta de la cámara empresarial es que por cada peso que aporte el municipio, el Estado sume tres y la Federación cuatro, en total 320 millones de pesos, casi seis veces más de lo que ofrece el Gobierno del Estado. También hay una advertencia al Gobierno: de no recibir inyección de circulante a más tardar el 7 de octubre, “el poco flujo de circulante que hay en Juchitán se acabará”.
Eduardo Blas es dueño de un negocio de renta y arreglo de computadoras, los 10 mil pesos le alcanzarían para reponer dos o tres de las máquinas pérdidas, aunque la prioridad ahora es ocupar ese dinero en la compra de alimentos y otros imprevistos. De cualquier forma, ahora ¿quién va a ir a rentar internet?, se pregunta mientras espera en la fila para entregar sus documentos.
A su lado está Robert Hiscock, un joven de unos 20 años propietario de una pizzería que perdió entre otras posesiones una máquina para preparar pasta. Una nueva cuesta hasta 30 mil pesos; él pagó 18 mil por una de segunda mano.
Empresarios y comerciantes de Juchitán tienen aún fresco el recuerdo del último apoyo como éste. Fue el año pasado, cuando la Sección 22 generó una serie de bloqueos carreteros que derivaron en actos de saqueo y desabasto en esta región. Los 10 mil pesos que recibieron en esa ocasión fueron útiles para recuperar un poco las pérdidas.
“Lo que quisiéramos es que estos 10 mil pesos se los den a todos los pobladores para reactivar así la economía, los recursos vienen del Fonden, al gobierno no le cuesta nada”, expresa Eduardo.
Además de estos apoyos, el Gobierno ha acercado créditos de 150 mil a 2 millones de pesos a través de la banca privada con un interés del 11% con seis meses de gracia, una opción que pocos empresarios están dispuestos a analizar, pues crédito significa deuda sin saber cómo podrán pagarla.
Respecto a la solicitud para que el pago de impuestos sea anulado en esta zona de desastre, los empresarios aún esperan la respuesta oficial.
Trabajadores, de “vacaciones”
En este primer programa han quedado excluidos trabajadores informales, herreros, carpinteros, comerciantes que están fuera del sistema fiscal y que esperan el proyecto a través del cual se les entregarán recursos que les ayuden a volver a la actividad económica. También quedaron excluidos trabajadores como Deyanira o Adán, que dependen de un empleador. Para ellos aún no hay un proyecto de apoyo.
Deyanira trabaja en el cine de Juchitán, hoy cerrado porque entre los daños que no han sido atendidos, las réplicas y las lluvias pocas personas buscan la cartelera.
La joven, sostén de su madre, fue enviada de vacaciones a descansar en un jardín prestado por un vecino de la octava sección, Cheguigo. Estar de vacaciones significa sólo recibir una tercera parte de su salario mientras la actividad se restablece. Ahora, la comida para ella, su madre, su hermana y sus dos sobrinos viene de las manos del Ejército, que ha pasado tres veces a dejar despensas.
Metros más adelante, el señor Adán vigila desde una oficina móvil el edificio que era alquilado por una automotriz, derribado la medianoche del 7 de septiembre.
Por el turno de 24 por 24 que realiza obtiene mil 800 pesos y su previsión es que la agencia de seguridad pública que lo contrató hace un año lo liquide en cuanto el lugar sea desalojado por completo y las cuentas de la aseguradora queden saldadas.
A sus compañeros, aproximadamente 40 trabajadores de la agencia automotriz, los han trasladado a Salina Cruz, a una nueva sucursal. Los que habitan en Juchitán deben pagar 100 pesos diarios para trasladarse a su nuevo lugar de trabajo. Esperan también la noticia de su rescisión contractual dada la sobrecarga de empleados.
