Por la desaparición de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios e Irma Galindo Barrios, el Comité contra Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió acciones urgentes.
SIN RESULTADOS POSITIVOS
Ellos son habitantes de las comunidades de Guerrero Grande, Mier y Terán, perteneciente a San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, lugares en los que se suscitaron hechos violentos encabezados por un grupo armado, en el mes de octubre de 2021.
A casi tres meses de lo ocurrido, el organismo solicitó al Estado Mexicano, su búsqueda y la investigación de su alegada desaparición forzada.
“Establecer de inmediato una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas y para la investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición tomando en cuenta el contexto en el cual ocurrieron las desapariciones”.
Pidió asegurar que dicha estrategia esté evaluada periódicamente y cumpla con los requisitos de la debida diligencia para todas las etapas del proceso de búsqueda.
“En la desaparición de Irma Galindo Barrios, asegurar que la estrategia tenga un enfoque diferencial y que todas las etapas de la búsqueda se realicen con perspectiva de género y con el personal adecuadamente capacitado, que incluya personal femenino”.
Solicitó también la identificación de los perpetradores de la alegada desaparición forzada de las cinco personas, además de la adopción de medidas de protección y asistencia de sus familiares.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en el amparo en revisión 1077/2019 de la primera sala, que el cumplimiento de las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, es obligatorio para las autoridades del Estado Mexicano en sus distintas competencias, el cual debe ser supervisado judicial y constitucionalmente.
Así lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), con sede en la ciudad de Tlaxiaco, asociación que dio a conocer que, en el mandato del gobierno estatal actual, van 560 personas desaparecidas.
DESAPARICIONES DOCUMENTADAS
“Del año 2017 al 2021, CEDHAPI A.C. ha documentado 17 casos de desaparición forzada, nueve de ellos han sido presentados ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, seis casos cuentan con acción urgente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, los cinco antes mencionados”.
También, el de Erika Pascual Ramos de 23 años de edad quien desapareció el día 12 de mayo del 2015, en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, licenciada en Gestión Empresarial, quien desarrollaba un trabajo como gestora social a favor de comunidades indígenas de la región Mixteca, gestionando proyectos productivos y de desarrollo.
Asimismo, con fecha 5 de marzo de 2020, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, emitió Medidas Cautelares y Acción Urgente a fin de adoptar todas las medidas necesarias para buscar y localizar a Yessenia Pascual Ramos, y proteger su vida e integridad personal, de conformidad con las obligaciones convencionales.
De igual manera este Honorable Comité emitió medida cautelar a favor de ella y sus familiares, con número de referencia AU879/2020.
Es por ello que CEDHAPI, se pronunció por el cumplimiento de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, y la investigación de todos los casos de desaparición forzada en Oaxaca, pues“muchos han sido archivados y olvidados”.
