Por Raúl Contreras Bustamante
Los filósofos de la ciencia política dicen que el conocimiento es poder. Es por esa razón que la educación estuvo reservada casi siempre como un privilegio exclusivo de las élites monárquicas, aristocráticas y religiosas; es decir, el proceso educativo a lo largo de la historia de la humanidad ha estado ligado al poder.
De manera estratégica, organizaciones muy poderosas basaron —y basan— su existencia y poderío en la transmisión secreta, reservada y muy selectiva del conocimiento, con lo cual se busca la preservación de hegemonía y la primacía de su participación política, económica y social.
A partir de la consolidación de la primacía de las constituciones y con el paso del tiempo, la evolución del pensamiento fue concibiendo a los derechos humanos como centro esencial de las imputaciones jurídicas y ha considerado a la educación como un derecho capaz de generar primero, equidad entre las personas y, luego, igualdad.
La educación —hemos dicho— es un derecho humano pleno e indispensable para el ejercicio de otros derechos importantes como la libertad, vida, salud, trabajo y acceso a la cultura, entre muchos otros.
No obstante que en 2019 se promulgó en México una reforma constitucional al artículo 3º que establece la obligatoriedad del Estado de impartir de manera gratuita la educación —desde preescolar hasta la superior—, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior —que agrupa a un buen número de universidades públicas de nuestro país— señala que, en los últimos años, muchas de dichas instituciones de educación superior han operado en condiciones deficitarias ante un deterioro sistemático de sus presupuestos, lo que limita la capacidad del Estado para garantizar este derecho humano habilitante.
Para dimensionar dicho problema se señala que, aunado a la asignación de presupuestos deficitarios de manera recurrente, en el presente año los gobiernos de las entidades federativas adeudan más de 4 mil millones de pesos a distintas universidades públicas.
Para poder tratar de remediar los tremendos efectos de la catástrofe sanitaria, la Cepal instó a los países de nuestra región a crear una estrategia regional que permita compartir conocimiento para desarrollar ciencia, innovación y tecnología, para incentivar así el desarrollo y dejar atrás la crisis por la emergencia sanitaria.
La pandemia vino a demostrar que los países que han invertido más en educación, ciencia y tecnología son los que pudieron tener de manera casi inmediata vacunas para enfrentar los contagios. Los demás países tuvimos que formarnos en la cola de solicitantes para poder comprar los reactivos biológicos en el tiempo y costo que se nos impuso.
El reto que la educación enfrenta es, sin duda, el más grande de la historia, pues no sólo debemos cumplir la tarea de construir una sociedad bien educada, capacitada y actualizada, sino también es necesario entender que es impostergable invertir más y mejores recursos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología que la actual sociedad del conocimiento impone, si queremos salir de la dependencia y el subdesarrollo.
La pandemia derrumbó la idea de que estábamos en vías de ser una sociedad global y demostró que cada Estado enfrentó los contagios de acuerdo a sus intereses nacionales, antes que nada y que nadie.
Entonces, fortalecer a las universidades públicas es una necesidad estratégica para la construcción y fortalecimiento del proyecto nacional de México.
Como Corolario la frase de Yuval Noah Harari: “Es terrible que en el futuro la gente padezca no ya explotación, sino algo muchísimo peor: irrelevancia”.
