Por Ivonne Melgar
En el legado intangible de lo que el presidente López Obrador llama la revolución de las conciencias, ser corrupto es el pecado capital de México.
Penalizar, así sea mediáticamente, las diversas modalidades del robo al erario ha sido parte de la pedagogía mañanera presidencial.
Más allá de la retórica, el mandatario también ha puesto en práctica una de las tareas que la ONU considera indispensable y que este jueves planteó en el Senado el representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Kristian Hölge: “Debemos buscar la reparación del daño social, la recuperación de lo robado”.
En el Día Internacional contra la Corrupción, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, exaltó otra aportación presidencial: el ánimo del combate por encima de la impunidad para ir desplazando, con actos honestos, el hedor de los corruptores y su perversión. Eso dijo.
Además del elogioso balance de la exsecretaria de Gobernación, hubo este 9 de noviembre diversos señalamientos sobre asuntos que hoy ensombrecen el cumplimiento de la declarada causa número uno de López Obrador: una legislación rebasada; la centralidad que el crimen organizado sigue teniendo; resultados gubernamentales pendientes ahí donde hubo cruzada anticorrupción y un ejercicio presidencial reacio a la transparencia constitucionalmente obligatoria.
Acaso anticipando que el marco jurídico existente no le alcanza para concretar su misión, la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos advirtió que la experiencia de los últimos cinco años muestra que “los hechos de corrupción son cada día más complejos y que la definición de los mismos, así como los mecanismos para combatirlos, han quedado obsoletos”.
Palabras que la mayoría de Morena en el Congreso debería tomar en serio si, a estas alturas del sexenio, aprendió que no hay cambio de régimen si éste no queda escrito en la Constitución.
Atendible también resulta la advertencia del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, al enfatizar un tema que la narrativa oficial minimiza: “No debemos omitir que hoy el crimen organizado también tiene un papel en contra de quienes hacen un gran esfuerzo para abatir el tema de la corrupción, la violencia, la inequidad”.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, hizo una reflexión más que pertinente: “En el impulso de la eficacia gubernamental y la probidad, la tarea esencial es hacer que lo público funcione, que funcione bien y lo haga con honestidad”.
Es obligado evaluar bajo esa ecuación, eficiencia con honestidad, el desastre que continúa siendo el suministro de medicinas e insumos del sector salud; o las consecuencias de la cancelación del programa de las estancias infantiles y del Seguro Popular.
En ese foro, la sombra mayor del sexenio fue señalada por Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), después de haber presentado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la controversia en contra del decreto presidencial que establece como asunto de seguridad nacional las obras públicas de infraestructura.
“Lo público, cada día debe de ser más público y en el Inai estamos comprometidos con ello, porque venimos de una propuesta ciudadana y nos debemos a la gente”, recordó la comisionada.
“Si bien es cierto que, dentro de las atribuciones del Inai no se encuentra el combate a la corrupción, también es cierto que los actos de corrupción suceden en la oscuridad ante la falta de información”, explicó la titular del Inai.
Fue una manera de ventilar el por qué los comisionados de la transparencia se han dado a la tarea de pedirle a los ministros que revisen si ese denominado decretazo presidencial atenta contra la encomienda que la Constitución le asignó al Inai, invadiendo sus competencias.
En contraste, Sánchez Cordero se negó a presentar la controversia que la oposición le pidió, bajo el argumento de que el Senado carece de interés legítimo para impugnar esa decisión del Ejecutivo.
Falta saber si la ASF asume su responsabilidad constitucional al respecto.
Cuestionado el martes 7 por diputados sobre la potencial corrupción que el decreto podría encubrir, el auditor Colmenares aseguró que éste no será obstáculo para la fiscalización de proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Se inconformará también ante la Corte?
Los ministros tendrán la última palabra en el resguardo de la transparencia con la que deben ejercerse los recursos de los que dispone la Federación, según el artículo 134 de la Constitución.
En medio de la incertidumbre de los vericuetos que tomará la interpretación del máximo tribunal constitucional, tenemos una certeza:
De darle la razón al decretazo, la SCJN le entregaría una manzana envenenada al Presidente, que prometió salvarnos del infierno, caricaturizando el pecado capital de la corrupción.
