Por Leopoldo Maldonado
Una de las promesas del presidente López Obrador al asumir el poder fue que garantizaría el derecho humano de acceso a internet para todas las personas. Su programa emblema “Internet para Todos”, previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, fue -en su momento- razón de esperanza y elogios para dicho cometido. Sin embargo la realidad se ha impuesto, y se está muy lejos de lograr que todas las y los mexicanos gocen de la conectividad como mecanismo para acceder a la educación, trabajo, salud, ciencia y conocimiento, entre muchas tantas bondades y derechos que habilita la internet.
Artículo 19 y la Fundación Friedrich Naumann dan cuenta de los matices y agravios de lo anterior en su “Informe sobre brecha digital, desigualdad y desinformación: La situación de Oaxaca y Chiapas”. En el documento se analizan las políticas y marcos legales que buscan garantizar y regular el acceso a la conectividad a nivel nacional, así como el contraste entre el ‘deber ser’ y la realidad de brecha digital en los estados de Oaxaca y Chiapas. Los resultados sugieren que si bien existe un marco legal que apunta a garantizar el derecho a la conectividad establecido en la Constitución, las acciones que muestren su puesta en práctica aún no son claras, contundentes ni suficientes por parte del gobierno.
Las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han generado una distancia social que separa -en términos de privilegios, oportunidades, derechos y libertades- a aquellas personas que tienen acceso a las TIC de quienes no (Flores Simental, 2008). En lo colectivo, en México la brecha digital ha tenido -y continúa teniendo- impactos devastadores en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones, sobre todo en la medida en que crea y acentúa la exclusión y marginación social de las personas.
Desafortunadamente el golpe más fuerte de la brecha digital afecta a las entidades federativas situadas en la región sureste del país, en particular a los estados de Oaxaca y Chiapas, quienes ya enfrentan otros retos económicos y sociales que les hacen particularmente vulnerables a este contexto y que definen -de entrada- las circunstancias de acceso a la conectividad. Por ejemplo, ambas entidades concentran el mayor número de población indígena del país, la cual ha sido históricamente sometida a relaciones de invisibilización, marginación y precarización por parte del Estado mexicano. Por otro lado, diversos análisis señalan que hacia el cuarto cuatrimestre del 2020, en Oaxaca un total de 1,645,761 personas no tenían capacidad de adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable y, en Chiapas, el número de personas bajo esa misma condición ascendía a 1,897,717. Estos datos evidencian lo inverosímil que sería que estas mismas personas destinen sus recursos a adquirir dispositivos electrónicos o contratar servicios de internet de paga, en vez de satisfacer sus necesidades de alimento o vivienda, por ejemplo.
Hay que sumar que las mujeres que habitan ambos estados son quienes padecen en mayor medida la pobreza a nivel nacional -según datos del CONEVAL-, y quienes enfrentan contextos de violencia de género que impiden o frenan su acceso y uso a las TIC en igualdad de condiciones que los varones.
Ahora bien, la calidad y la manera de comunicarse y acceder a información no es la misma para personas que cuentan con dispositivos para la conectividad. Según datos del IFT hacia finales de 2018, en Oaxaca, el 31% de la población contaba con cobertura 2G (tecnología que permite llamadas telefónicas y datos de muy baja velocidad, pudiendo no funcionar ambos servicios a la vez), el 32% con tecnología 3G (tecnología que permite llamadas telefónicas y datos de buena velocidad, pudiendo funcionar ambos servicios simultáneamente) y el 28% con 4G (tecnología que habilita el consumo de datos de calidad y alta velocidad). En Chiapas, el 33% de la población contaba con cobertura 2G, el 31% con tecnología 3G y el 29% con 4G. Otro informe del IFT señalaba que para finales del 2019 la cobertura territorial de dichas tecnologías alcanzaba un alto porcentaje de cobertura a nivel municipal, pero la situación no era tan positiva cuando se consideraba el nivel local. En Oaxaca, por ejemplo, solamente el 53% de 570 municipios contaba con cobertura de tecnologías 3G y 4G garantizadas, mientras que a nivel local la cobertura apenas llegaba a alcanzar al 22.6% del total de 10496 localidades. En el caso de Chiapas, la cobertura a nivel municipal alcanzaba un 96.6% de los 125 municipios, pero a nivel local lo hacía solamente con el 45% de 20,047 localidades.
Estos datos son ilustradores si pensamos que, sobre todo a partir del confinamiento por la pandemia, las actividades y servicios de hoy en día (como a la Plataforma Nacional de Transparencia o los sistemas de salud locales) requieren bandas anchas que soporten una buena calidad de “bajada” y “subida” de datos.
También en pandemia, tan solo en materia educativa, la estrategia de “tele-educación” de la SEP dependió del programa “Aprende en Casa” a través de los canales de televisión y en el acceso a internet de forma complementaria. Las y los docentes consultados para el informe expresaron que las familias no tenían condiciones económicas favorables para asumir los nuevos gastos (servicio de internet y compra de dispositivos) y, quienes contaban con al menos un aparato, debían compartirlo entre varios integrantes del núcleo familiar, incluidas madres y padres que –a su vez– eran docentes. Ello se reflejó de manera dramática en una deserción escolar nacional que ascendió a 5.9 millones de personas.
