Aunque fue pensado para “regularizar” al comercio en vía pública de la ciudad de Oaxaca y se apoyó en diversas normativas y elementos para ser efectuado, el censo de puestos ambulantes realizado en la administración del expresidente priista Javier Villacaña Jiménez tuvo un costo excesivo y no cumplió su objetivo.
El estudio, que comprende tres tomos, costó 5 millones 751 mil pesos y fue solicitado a la empresa FAJOE S. A. de C. V. bajo el contrato MOJ-CABAECS-AD-SSE-54-2016, de adjudicación directa. Y aunque fue realizado durante la administración de Villacaña, la deuda por el mismo tuvo que ser saldada durante el siguiente periodo, el del también priista José Antonio Hernández Fraguas.
“Cuando llega la administración de Fraguas se le hace normal pagar un censo de 5 millones de pesos y que no regularizó nada. Y ahora que quisimos subir el punto de acuerdo para regularizar (al comercio en vía pública) se opusieron”, critica el regidor de Mercados y Comercio en Vía Pública de la actual administración, Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias.
El concejal refiere que el censo fue dinero público “tirado a la basura”, pues no cumplió con el objetivo de regularizar la actividad en la vía pública. El concejal, que apunta a un costo excesivo del estudio, interpuso una queja ante la Contraloría Municipal para que investigara la o las presuntas irregularidades del estudio.
“Presenté una queja ante Contraloría porque se me hizo excesivo el monto de un censo que no ha servido para nada, que solamente quiso encubrir que estaban trabajando con lo del comercio ambulante, porque el objetivo de este censo era ‘regularizar el comercio en vía pública’ y se justificaron con todo el marco jurídico” para erogar “casi 6 millones de pesos”.
Sin embargo, la Contraloría le respondió que el plazo para investigar ya terminó, pues ya han pasado más de cinco años, tiempo que marca la normativa para indagar sobre el ejercicio de los servidores públicos.
Ahora que el comercio en vía pública vuelve a ser tema de reflexión y a raíz del operativo Alfa implementado en julio de este año, el regidor recuerda que el objetivo del censo de 2016 era regularizar, ordenar y dar certeza jurídica a los puestos con permiso vigente. Sin embargo, una revisión a los tres tomos permite ver diversas irregularidades en los 923 puestos identificados.
En algunos, por ejemplo, se muestran puestos cuyos últimos recibos de pago son de 2008 o de 2010. Es decir, no están vigentes; además de que el giro y el o la titular no corresponden con la fotografía que se presenta. “Incluso evidencian que hay cesiones de derechos, que eso es ilegal; personas que se toman la fotografía en más de tres, cinco o seis puestos y no se cumplió con el objetivo, fue dinero tirado a la basura”, reitera el concejal.
El contrato para hacer el censo de puestos ambulantes fue firmado en enero de 2016. El estudio se hizo de enero a abril de ese año y de acuerdo con lo arrojado se identificaron 923 puestos en la vía pública, ubicados principalmente en el Centro Histórico de la ciudad, además de las zonas norte y oriente de la capital.
