Por Raúl Contreras Bustamante
Al término de la Segunda Guerra Mundial, en un esfuerzo por la recuperación de la paz y seguridad en el orbe, 51 Estados se comprometieron a fomentar las relaciones de amistad, a promover el progreso individual y colectivo, así como a difundir y ejercer los derechos humanos.
Al signar la Carta de las Naciones Unidas —entró en vigor el 24 de octubre de 1945— surgió a la vida jurídica internacional la Organización de las Naciones Unidas y ahora, en la conmemoración de sus primeros 76 años de su fundación, la ONU se integra por 193 Estados.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sostiene una visión humanista de la educación; ha organizado a lo largo de su existencia diversos tratados y convenciones internacionales que incitan a reconocer a la educación como un derecho humano pleno, que constituye a su vez la garantía de ejercicio de otros más.
Significa que el derecho humano a la educación es una prerrogativa habilitante de más y mayores reconocimientos legales universales, con la intención de brindarle a las personas dignidad para disfrutar la vida y la libertad.
Existen a su vez —por el contrario— organismos mundiales de corte financiero, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en los que predomina una visión instrumental de la educación.
Las visiones son muy diferentes. La perspectiva de la Unesco establece en el centro a la superación y mejoramiento de la persona como parte integral de la sociedad, lo que, en palabras del doctor Jorge Fernández Ruiz, constituye la república universal del saber.
Por su parte, desde el enfoque instrumental economicista, se considera a la educación sólo como un componente del desarrollo económico; un elemento importante, pero enfocado a generar factores útiles para su incorporación al trabajo y generación de riqueza.
La postura anterior ha tenido efectos adversos en el proyecto educativo de nuestro país, pues desde las crisis económicas de los años ochenta, los organismos financieros internacionales le impusieron al gobierno mexicano —como una medida de reducción del gasto público— que en materia educativa se concentrara la inversión sólo en la instrucción básica y se dejara la educación superior al financiamiento de las instituciones privadas y de las familias.
Esta medida de carácter neoliberal no se ha visto interrumpida, pues desde entonces los presupuestos para la educación superior son inerciales y año con año apenas rebasan los niveles de inflación.
En el año de 1917, México estableció en su norma suprema a la educación como un derecho social y le impuso al Estado la obligación de su impartición general. Con la reforma constitucional del 15 de mayo del 2019, en la que se determina la gratuidad en materia educativa obligatoria desde la etapa preescolar hasta la educación superior, se volvió a poner a la punta en materia educativa en el orbe.
Esta última reforma jurídica va de acuerdo a los loables fines de las Naciones Unidas, sin embargo, necesita de políticas públicas y de la dotación de importantes recursos financieros para hacerla realidad.
Una verdadera acción en contra de las medidas neoliberales está en romper el cerco establecido hace cuatro décadas y en volver a invertir en crear más proyectos educativos para la educación superior de los mexicanos.
La educación sirve a las personas para entender al mundo, pero la educación superior les dota de herramientas para cambiarlo.
Como Corolario, la frase del exrector de la Universidad de Harvard Derek Curtis Bok: “Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”.
