El concejal de Bienes, Panteones, Mercados y Servicios Municipales de la ciudad de Oaxaca, Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, señala que si bien la actual administración de García Jarquín tiene algunos logros, el combate a la corrupción es algo que no se atacó, a pesar de ser un eje del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. La situación del comercio en vía pública es ejemplo de las prácticas de corrupción que han permeado en la administración, señala el concejal.
Hasta el momento, hay dos denuncias interpuestas por el concejal sobre abuso de poder y corrupción ante la Contraloría Municipal, pero de las que a varios meses aún no hay respuesta concreta, explica.
“No tengo duda de que se haya ejercido el recurso destinado para obra pública de manera transparente, aunque con algunas anomalías”, explica Ávalos al revisar la gestión de la actual administración de Oswaldo García Jarquín. Tampoco —dice— es posible negar que hay un trabajo profesional de muchos de los colaboradores y directivos.
Sin embargo, señala que en este gobierno municipal de la 4T, en la que uno de los ejes centrales es, o era, el combate a la corrupción, ni la Contraloría, que es la encargada de implementar mecanismos para prevenir y abatir la corrupción, ni el ejecutivo hicieron propuestas para frenarla. “Al contrario, siempre manifestaron que no era correcto evidenciarlo, que había que mantener las cosas así. Y un caso concreto es el comercio en vía pública. Yo propuse reubicar, reordenar y regular el comercio en vía pública o dejar las cosas como están. Y las dejaron como están porque este operativo Alfa es una simulación”, apunta.
LA PRIMERA DENUNCIA
Respecto a las denuncias sobre corrupción y abuso de poder que hizo ante la Contraloría, el concejal explica que la primera fue por la instalación de la Feria del juguete el 6 de enero de este año, “derivado de atribuciones que no son competencia del (entonces) director de Gobierno (Robert Mowers) y que por instrucciones del presidente municipal se instaló a pesar de que estábamos en semáforo epidemiológico naranja” (alto riesgo de contagio).
Este tipo de eventos provisionales en la vía pública, tanto en la Central de Abasto como en el Centro Histórico o la ciudad de Oaxaca tienen que ser aprobados por el cabildo. “Así lo marcan la ley orgánica municipal, el bando de policía y el reglamento (de regulación de la actividad en la vía pública)”.
Sin embargo —refiere— durante muchas administraciones las autoridades se apartaron de esa norma y legalidad, y normalizaron y naturalizaron la corrupción. “Son abusos de poder que el ayuntamiento ha venido realizando como una práctica cotidiana, de administrar el comercio en la vía pública”.
La corrupción, añade Ávalos, prácticamente la institucionalizaron en este y los anteriores gobiernos. “Y a pesar de que en 2008 con una ocurrencia del entonces presidente municipal prohíben la instalación de un puesto más en la vía pública”.
El comercio en la vía pública, dice el funcionario, tiene un trasfondo político en tanto “el objetivo es mantener el control político de estas personas que se dedican a la actividad comercial en vía pública y mantener las prácticas clientelares que es común del régimen político mexicano”.
A casi nueve meses de una de las denuncias, el regidor cuenta que la Contraloría Municipal solo responde que sigue investigando. “(Pero) se violó la ley, está más que probado”.
UNA SEGUNDA DENUNCIA
La segunda denuncia fue por el tráfico de números de cuentas de los puestos de comercio en la Central de Abasto. Y es que de acuerdo con la normativa se debe hacer mediante dictámenes de aprobación por parte de la Comisión de mercados y comercio en vía pública y luego del cabildo. Pero esto no se ha seguido, detalla, en tanto ha sido en cajas recaudadoras en donde se han efectuado cambios de números de cuenta. “En este caso sabemos que se destituyó a la persona responsable que tenía acceso al sistema, pero no sabemos más allá del trabajo de investigación de la Contraloría, que es el órgano responsable de vigilar e implementar mecanismos contra la corrupción”.
Sobre estos casos, señala que es difícil determinar el número de cambios de números de cuentas, pues solo han sabido de ellos por las denuncias de algunos afectados que acuden a la regiduría. “Han llegado a quejarse y decir que los han extorsionado, defraudado, nosotros nos hemos dado a la tarea de investigar y es como nos hemos dado cuenta que existen estos actos de corrupción, abusos de poder”. Aunque son pocas las personas que han denunciado esto, Ávalos aclara que eso no implica pocos casos sino que se trata de la punta del iceberg, de lo que se ha podido visibilizar. Tal práctica “es común en la Central de Abasto y el reflejo de cómo se puede demostrar es cómo están invadidos los pasillos de emergencia, zonas prohibidas como la calle de Mercaderes, donde no debería haber puestos” .
De igual forma, agrega que ante la situación del comercio en vía pública la mayoría del cabildo, “los que siempre se han negado a que se legalice la actividad en la vía pública han encubierto la corrupción. Somos cinco concejales de Morena (Indira Zurita Lara, Tania Caballero Navarro, Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez, Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias y Pável Renato López) que nos hemos mantenido firmes para proponer que esas peticiones cumplan con la legalidad”.
Finalmente, Ávalos considera que “mientras no se regularice el comercio en vía pública, que implica poner orden legal, será una simulación”.
