Por Raúl Contreras Bustamante
Una bella concepción filosófica consignada en el artículo 3º de nuestra Constitución considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Este precepto fundamental está relacionado de manera intrínseca con el derecho humano a la educación, pues el ejercicio de este derecho habilitante supone un medio para adquirir y ampliar conocimientos y habilidades que permitan a cualquier persona alcanzar su desarrollo personal y profesional para poder vivir en libertad y dignidad; y con ello, contribuir al mejoramiento de la sociedad.
Democracia y educación son caras de una misma moneda. Se nutren de manera permanente —de forma mutua— en un diálogo determinante. Así, el sistema educativo nacional deberá forjar una ciudadanía participativa, libre, racional y responsable en todos los procesos democráticos.
Mencionar lo anterior es necesario al observar lo señalado por el más reciente Informe Latinobarómetro 2021, el cual indica que, en el año 2002, el 63 por ciento de los ciudadanos mexicanos apoyaban la democracia y, en cambio, dieciocho años después, el porcentaje disminuyó al 43 por ciento en 2020. Sin duda, un fenómeno preocupante.
El informe de referencia analiza el perfil del demócrata latinoamericano, concluyendo que la educación es determinante, porque a mayor educación, mayor apoyo a la democracia.
Al analizar el nivel educativo de los entrevistados se encuentra un porcentaje de personas con sólo educación básica que apoyan la democracia en sólo un 51 por ciento. En tanto que en el grupo de entrevistados que gozan de una educación superior, apuntalan a la democracia en un 64 por ciento.
Lo valioso de la defensa de la democracia es que ella apuesta por el respeto de los derechos de todos y ofrece mecanismos para que todas las voces sean tomadas en cuenta y no sea la voluntad del más fuerte la que prevalezca.
Es un fenómeno preocupante que hoy —cuando más y mayores mecanismos democráticos existen y las personas tienen reconocidos más derechos en la historia— que sólo el 50% de los jóvenes en Latinoamérica con menos de 25 años simpaticen con la democracia; y por el contrario, el 65% de quienes tienen más de 60 años expresaron su afinidad por esta forma de gobierno.
En pocas palabras, la democracia y su discurso no han logrado permear en la convicción de la juventud, debido a los males que aquejan a nuestras sociedades desde hace varias décadas: me refiero a la corrupción y el abuso del poder.
En el Índice Global de Estado de Derecho 2021, que evalúa entre otros aspectos la ausencia de corrupción, los límites al poder público y el acceso a la justicia, entre otros, nuestro país ocupa el lamentable lugar 113 de 139, sólo por encima de países como Angola y Malí.
La implementación de políticas públicas y la inversión de mayores recursos financieros para poder garantizar un acceso pleno a la educación de calidad, serán una base sólida en la construcción de una democracia duradera, aquella que trascienda generaciones y garantice derechos, sin importar la ideología política en turno.
Sólo mediante la educación se pueden forjar ciudadanos participativos, críticos e informados; capaces de dar y vigilar un mandato de manera responsable a las autoridades electas.
Por todo lo anterior, el fortalecimiento de la democracia debe reconocer uno de sus más fuertes pilares en la educación, pues sólo educando a la ciudadanía habremos de alejarnos de la tiranía.
Como Corolario la frase del filósofo español Fernando Savater: “La educación es el primer paso para la libertad”.
