Para el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacífico Sur (CIESAS) Víctor Leonel Juan Martínez, es necesario establecer una nueva Reforma en Materia Indígena que evite más conflictos entre las agencias y cabeceras municipales.
Explicó que a través del programa Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos, un grupo de trabajo ha realizado diversas investigaciones sobre el funcionamiento del Sistema Normativos Internos. “Hemos encontrado con mucha frecuencia este enfrentamiento entre las cabeceras y agencias municipales por los recursos que se traducen por la disputa de participar en las elecciones”.
“En términos generales la base de la organización política de nuestra entidad y de los pueblos indígenas es la comunidad y no el municipio, entonces existe un desfase normativo constitucional que no reconoce esta realidad y eso se traduce en problemas porque las comunidades cuando apelan al marco jurídico conocido por el estado, resulta que no se encuentra, que no están, aunque el Artículo 2 Constitucional desde 2001 reconoce a la comunidad indígena como sujeto de interés público, no de derecho público y eso ha generado muchos problemas”.
Juan Martínez, quien ha aportado su experiencia en la construcción de una nueva norma en materia indígena, refirió que al no reconocerse estos derechos de las comunidades indígenas, “derivan de disputa por los recursos. Es un problema recurrente, las instituciones al desconocer esta realidad en muchas ocasiones van en contra de los derechos de las comunidades por desconocer las situaciones”.
“Eso pasó muchos años con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que cuando una agencia decía yo no participé, automáticamente anulaban la elección, en el 2017 cambió este criterio porque había ya una recurrencia, a los magistrados les llamó la atención estos conflictos y ordenaron algunos peritajes”.
“En el CIESAS investigamos este fenómeno, detectamos que en algunas comunidades eso que llamamos ayuntamientos no es el gobierno de todo el municipio, sino de la cabecera municipal, por eso se dieron cuenta que no estaban resolviendo como debería ser”.
El investigador dijo que si bien todas las comunidades tanto las agencias como las cabeceras tienen autonomías comunitarias y los mismos derechos, “los recursos vienen etiquetados para el ayuntamiento que es el gobierno de la cabecera, por lo tanto quienes hacen las reglas de operación no conocen la realidad y eso no permite que las comunidades ejerzan los recursos”.
“Esos son uno de los grandes problemas que nos topamos y que se tienen que reconocer, que se reconozcan a las comunidades como sujetos de derecho público y como ámbito de gobierno, están los casos de Matatlán y Guilá, cada una son distintas comunidades aunque pertenezcan el mismo municipio, entonces por eso suelen haber problemas, nos tenemos que ir caso por caso porque también hay comunidades donde conviven armónicamente entre todos como una gran comunidad agencias y cabeceras municipales”, destacó el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacífico Sur.



































