Por Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez
El 21 de noviembre de 2018, el en ese entonces presidente electo de México se comprometió a someter a consulta ciudadana, entre otros temas, el juicio a expresidentes por corrupción.
La Cámara de Diputados aprobó el 5 de noviembre de 2019, el dictamen por el que se modificaron diversos artículos de la Constitución en materia de revocación de mandato y consulta popular, mismo que pasó para su aprobación a los congresos locales.
El 1 de septiembre de 2019, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó la solicitud para realizar una consulta popular sobre si se debe investigar y enjuiciar o no a los expresidentes de la República por sus presuntos actos de corrupción.
El 15 de septiembre del mismo año, el consejero jurídico del Gobierno Federal, Julio Scherer Ibarra, entregó al Senado la solicitud de consulta popular firmada por el presidente López Obrador.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió el 16 de septiembre, por parte del Senado, la solicitud de consulta de juicio, así como la pregunta propuesta por López Obrador.
El ministro encargado de elaborar el proyecto de revisión de constitucionalidad de la propuesta fue Luis María Aguilar Morales, quien expuso, que el objeto integral de la solicitud fue “consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes —Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones— investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud”.
Según Aguilar, ese objeto es violatorio a la Constitución porque somete a la voluntad del pueblo decisiones que pueden calificarse como transgresiones.
“La consulta popular no puede tener por objeto —expreso ni implícito— temas que involucren la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como a las garantías para su protección”.
Esta prohibición es necesaria pues así se garantiza la protección de los derechos de las y los mexicanos, incluso si esas garantías puedan ser políticamente incómodas o socialmente cuestionables, dijo el ministro.
Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformuló la pregunta que estará en la boleta, la cual será la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
La organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, en la que se instalarán entre 50,000 y 59,000 mesas receptoras, costará aproximadamente 528 millones de pesos. El proceso de consulta iniciará formalmente el 15 de julio, por lo que toda la organización tiene que quedar lista antes de esa fecha.
Para que la decisión de los ciudadanos en la consulta sea vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, deberá contar con la participación de al menos el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores, que equivale a 36 millones 14,546 de mexicanos. Ningún analista espera que se logre alcanzar ese nivel de participación, incluso el mismo presidente ha manifestado que él no votará.
Es viable iniciar procesos legales en contra de expresidentes, ya que no gozan de ninguna protección especial como el fuero; y el principio de legalidad y de acceso a la justicia obliga a las autoridades competentes a que, cuando tengan conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de ciertos delitos, actúen por sí mismas y procedan legalmente. La justicia no se consulta. Si algún expresidente cae en este supuesto, nada impide a las autoridades actuar, excepto porque algunos supuestos delitos ya prescribieron. El trasfondo es político no jurídico.
La única utilidad de esta consulta será para el presidente, quien tendrá tema para seguir atacando, con pruebas o sin ellas, a los expresidentes y de esta manera evitar tocar los verdaderos temas de interés actuales para el “pueblo”.
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