Para evitar la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIP) y que esta práctica que inició en el congreso local se replique en todo el país, organizaciones civiles convocan a promover amparos.
Luego que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, no ejerció su facultad para el veto de la iniciativa que modifica los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, de las fracciones VI y V, del párrafo segundo y tercero de la fracción VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la sociedad civil recurrirá a las instancias legales.
Representantes de la asociación civil México Justo, invitaron a los diferentes sectores de la sociedad para sumarse en la defensa de los órganos garantes, esto con el fin de promover amparos a nivel federal y local.
“Es necesario unir esfuerzos con abogados, abogadas de Oaxaca como son CANACO, Barra Nacional de Abogados, Colegio de Abogados y el sector académico de Oaxaca, con la finalidad de reunir expertos en la materia y presentar una defensa digna u oportuna sobre dicha acción”, destacó la asociación civil en un documento enviado a las ONGs y diversos sectores de la sociedad.
Advirtió que derivado de la reforma realizada en el congreso local, se corre el riesgo de convertirse en un mal ejemplo para otras entidades de la República Mexicana e incluso para autoridades federales que han amagado a los Órganos Constitucionales Autónomos cuya incidencia es en todo el país.
Consideran que debido a esta decisión, las y los ciudadanos oaxaqueños quedan en condiciones adversas en materia de transparencia y acceso a la información en la entidad hasta que el nuevo organismo, cuyos tiempos no están definidos, entre en operación.
Tania Reyes, secretaria técnica de México Justo, señaló que la extinción del órgano garante, representa una vulneración de los derechos humanos y “significa un acto inconstitucional que va en contra del estado de derecho”.
“La desaparición del IAIP deja en estado de vulnerabilidad a la sociedad oaxaqueña y el riesgo mayor es que este ejemplo pueda expandirse a otros estados o incluso a nivel federal con los Organismos Constitucionales Autónomos”, afirmó.





































