Hace 13 años, aproximadamente, a Godofredo Solís Calixto un inspector municipal le tiró su mercancía. La experiencia vivida por este hombre que debe apoyarse en muletas para poder caminar, pues le falta una extremidad, lo hizo crear una asociación para exigir y luchar por sus derechos y los de otras personas con discapacidad.
“En Oaxaca se cometía mucha discriminación y abuso de autoridad hacia las personas con discapacidad. A mí, el inspector municipal Luis Diego me arrebató las bolsas y me dejó tirado en el zócalo”, recuerda el vendedor de pulseras en torno al exconvento de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Oaxaca.
CREA ASOCIACIÓN
Hace casi nueve años que tiene la asociación “Discapacitados Unidos por una Integración Social”. En este tiempo, y aunque ha conseguido varios logros, sabe que el camino sigue siendo complicado para él y sus compañeros. Y esta dificultad se ha agudizado en el último año, con la epidemia de Covid-19.
En junio del año pasado, él y varios compañeros con discapacidad motriz, visual, auditiva y de otros tipos se manifestaron en la capital oaxaqueña debido a que por la epidemia se había limitado su acceso al trabajo y a la obtención de recursos o apoyos.
Una de las mayores exigencias fue hacia las representaciones estatal y regional de la Secretaría de Bienestar, a cargo de Nancy Ortiz y Aída Valencia, respectivamente, para que se les otorgaran apoyos federales.
No ha sido fácil –recuerda– pues solo empezaron a tener respuesta después de varias protestas. “Gracias a Dios y al movimiento que se hizo, a la mayoría sí le llegó su pensión, como unas 25 personas”.
NO TODOS HAN RECIBIDO APOYOS
Sin embargo, refiere que aún hay compañeros como Rodrigo Castillo Carranza, de Tlacolula de Matamoros, que siguen sin acceder a la pensión para personas con discapacidad. Las causas: la desatención de los llamados trabajadores de la nación, quienes a pesar de darles un folio no los ingresan a tiempo a la plataforma o les piden documentos.
“El trabajador de la nación Juan Ojeda me la ha traído vuelta y vuelta”, explica Solís sobre el caso de Castillo Carranza, en donde observa que la burocracia frena la posibilidad. Asimismo, con el de Feliciana López Marcial, una madre soltera y con un nieto a cargo que sufre de discapacidad mental, a quien sigue pendiente el acceso al apoyo.
“Los trabajadores de la nación no están siguiendo las indicaciones que dio el presidente”, apunta Godofredo.
GRANDES OBSTÁCULOS
La burocracia y la epidemia han obstaculizado el acceso de personas con discapacidad a apoyos federales. “Es mucha burocracia, mucha vuelta para la pensión de Bienestar para las personas con discapacidad”, subraya Solís, al tiempo de reconocer que si bien la solicitud de apoyos es personal, sus compañeros no son escuchados por los servidores de la nación.
“Sin líderes y sin dirigentes, lo sé, porque son indicaciones que dio nuestro presidente de la república, pero desgraciadamente a la gente no le hacen caso”, agrega. Sin embargo, advierte que de seguir la omisión gubernamental tendrán que protestar nuevamente. “Nos vamos a (las oficinas de) Bienestar o nos vamos a la oficina del senador Salomón Jara”.
A un año de la epidemia de Covid-19, explica que el contexto ha incrementado la discriminación, y limitado más el derecho de las personas con discapacidad al trabajo, especialmente en la ciudad de Oaxaca. Y es que además de la burocracia tienen que lidiar con problemas cotidianos en la capital, en donde no siempre se pueden desplazar, pues las rampas están invadidas por vendedores semifijos.
