Aunque la entidad muestra un avance en los últimos años en la aprobación de leyes y reformas al Código penal en protección de las mujeres, a la fecha se perciben pocos avances en su implementación, principalmente por las autoridades de impartición de justicia.
La presión de diversas organizaciones sociales y feministas, con el apoyo de mujeres legisladoras, generó que en los últimos dos años se consideraran como delitos aquellos que no lo eran y se emitieran leyes con el propósito de generar una sociedad con equidad.
Leyes…”a medias”
Fue así que en abril de 2019, las y los diputados del Congreso local reformaron la Ley orgánica del Poder Ejecutivo, conocida como la Ley de paridad en el gabinete estatal, para garantizar que haya igual número de mujeres y hombres en la toma de decisiones y espacios gubernamentales.
Sin embargo, a casi dos años de esta reforma, de las 16 secretarías del gabinete estatal, apenas cinco eran encabezadas por mujeres, como la de Movilidad; de las Mujeres de Oaxaca; de Pueblos Indígenas y Afromexicano; y de las Culturas y Artes.
En su momento, diputadas, feministas y mujeres representantes de diversas organizaciones y sectores de la sociedad, aplaudieron este logro que fue publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2019, sin llegar a la paridad a la fecha en el Gabinete estatal.
En julio de ese mismo año, se aprobó también la Ley contra la violencia digital, conocida como la “Ley Olimpia”, para sancionar como un delito la difusión, divulgación, compra, distribución, publicación y comercialización de contenido íntimo a través de redes sociales sin consentimiento o autorización.
A más de un año y medio, se han registrado 308 denuncias, de las cuales, 30 han sido en lo que va de este 2021, con apenas dos casos judicializados, con sanción y aprehensión de los agresores.
En 2019 también se logró despenalizar la interrupción del embarazo por cualquier causa durante las 12 primeras semanas de gestación, aprobada en septiembre y publicada en el Diario Oficial en octubre.
Este logro que ubicó a Oaxaca en el segundo estado en aprobar esta reforma al Código Penal, permitió que hasta 2020 se contabilizaran ocho interrupciones amparadas por esta nueva ley, en medio de constantes protestas de grupos opositores y la negativa de algunos médicos especialistas en llevar a cabo esta práctica.
En marzo de 2020, la entidad contó también con la reforma al Código Penal del estado para castigar, hasta con 40 años de cárcel, a quien ataque con agentes químicos o sustancias corrosivas a mujeres por razones de género.
Esta reforma se llevó a cabo por el caso de María Elena Ríos, originaria de Huajuapan de León, quien fue atacada con ácido en la cara y varias partes del cuerpo, en septiembre de 2019.
En octubre de 2020, el Congreso del Estado aprobó la Ley que regula las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), que convirtió a Oaxaca en la primera entidad del país en contar con dicho ordenamiento.
Publicada la ley en el Diario Oficial en diciembre, ninguna de las 480 instancias municipales cuenta con recursos propios ni reconocidos en el presupuesto municipal anual, a tres meses de que se pusiera en marcha.
En ese mismo mes, el Congreso estatal también aprobó el protocolo para el Banco Estatal de Datos sobre violencia de género, para generar reportes, gráficas o estadísticas para su análisis e interpretación, pero del cual aún sigue pendiente su implementación.
Otra reforma en favor de las mujeres es la “Ley Ingrid”, aprobada el 17 de febrero de este año y sin publicación en el Diario Oficial a la fecha, que establece sanción a servidores públicos que difundan o filtren información o imágenes de la escena de un crimen.
Al respecto, la diputada local, Hilda Pérez Luis, destacó la necesidad de que una vez aprobadas las leyes, las autoridades competentes asuman su papel para ponerlas en la práctica, tanto en la difusión como en el apoyo a las mujeres.
La legisladora afirmó que una vez que concluya su periodo como legisladora, continuará dando seguimiento a estas leyes que fueron aprobadas en favor de la mujer, a fin de que no haya ningún retroceso.
Por separado, la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz, destacó que el proceso de aplicación de las leyes desde una perspectiva de género, se ve obstaculizada por una visión misógina entre quienes tienen la obligación de procurar y administrar justicia.
Expuso que la ley general y estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género, es un claro ejemplo de las enormes dificultades que enfrentan las mujeres y las niñas para acceder a la justicia.
Destacó que la ley contra la violencia digital y la ley contra el acoso callejero (aprobado en 2018), son claros ejemplos de una problemática que enfrentan las mujeres y las niñas, en el hogar, en las calles, en los centros escolares y el entorno digital.
“Los derechos humanos de las mujeres están protegidos por convenciones internacionales, leyes nacionales y estatales. A nivel jurídico hay avances importantes para la protección de los derechos de las niñas y las mujeres”, señaló.
Destacó que ante la pandemia por Covid-19, el incremento de la violencia hacia las mujeres visibilizó las profundas desigualdades que existen entre mujeres y hombres, además de evidenciar las graves limitaciones en términos de recursos humanos, materiales y financieros de las instituciones que tiene la responsabilidad de prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres.
