El trazo del camino en San Jerónimo Sosola, beneficiado en este año con el Programa de Caminos Rurales Pavimentados a Cabeceras Municipales del gobierno federal, se tendrá que resolver mediante asamblea comunitaria.
La decisión de resolver el tema mediante asamblea fue tomada por las partes en conflicto en una reunión con representantes de dependencias federales. Uno de los grupos en conflicto es el de agentes, representantes de comunidades y regidores, quienes el pasado 24 de febrero denunciaron públicamente la intención del edil Elí Martínez López por desviar el camino. La otra parte implicada es la encabezada por el presidente municipal.
Se espera que sea en próximas fechas cuando se resuelva el conflicto y que, además, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “realicen un recorrido para verificar cuál de las dos rutas que proponen sería la más viable”.
Lo anterior, según el comunicado del INPI emitido tras la reunión con las personas involucradas en el conflicto.
El camino rural de San Jerónimo Sosola se prevé construir en este año. Sin embargo, la semana pasada un grupo de agentes y regidora denunciaron que el presidente municipal había modificado el proyecto, de tal manera que el trazo original se desviara hacia la agencia en donde tiene su domicilio. Esto, explicaron, implica un aumento en la longitud del camino y del monto económico que ha de usarse.
La regidora de Ecología de San Jerónimo Sosola, Amelia Gómez Durán, indicó que el proyecto inicial buscaba comunicar a la cabecera municipal con la agencia Minas de Llano Verde. Pero que en la nueva propuesta del edil iría del municipio hacia el paraje El Llorón, en el municipio de San Andrés Nuxiño.
En el documento publicado por el INPI, este aclaró que “hasta el momento no se ha entregado ningún recurso público a ninguna autoridad del municipio”. Asimismo, que ni el instituto ni la SCT “intervienen en el manejo del presupuesto”, pues deben respetarse “las determinaciones de las asambleas comunitarias”.
Sobre la reunión efectuada tras la denuncia pública en la ciudad de Oaxaca, el INPI informó que se escucharon los planteamientos de las autoridades y representantes involucrados. Y que a raíz de ello “las partes acordaron que el trazo del camino se resuelva en una asamblea comunitaria acorde con sus usos y costumbres”.
