El tema del comercio en la vía pública es complejo, como lo han reconocido la socióloga Noelia Ávila Delgado y el regidor capitalino Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias. La primera, como investigadora del tema; el segundo, como funcionario de la ciudad para este rubro.
Sin embargo, parte de lo que se puede reconocer en el tema es que entre los casi 5 mil comerciantes que se estima en Oaxaca de Juárez, hay los que operan cobijados por organizaciones sociales y los que dependen de un grupo con fines más vinculados al comercio.
Como ello, y según los datos del ayuntamiento capitalino, son cinco las organizaciones que respaldan a las mayores cifras de vendedores en la vía pública, ya sea ambulantes, semi fijos o fijos. Estos son: la organización Lázaro Cárdenas, con 720 agremiados. Le siguen Renacimiento, con 631; Frente Popular 14 de Junio, con 153; Libertad, con 106, y 6 de Octubre, con 58.
Esto último tomando en cuenta información de marzo de 2019 de la Subdirección de Gobierno. Pero en un recorrido por el zócalo capitalino, se observa que como estas organizaciones hay otras que mantienen puestos como una manera de protesta por justicia.
Aunque sin números concretos, porque sus integrantes o representantes dijeron desconocerlo o se reservaron la información, en esta parte de la urbe hay dos organizaciones claramente identificadas, así como cuatro grupos de personas desplazadas de San Juan y San Miguel, comunidades de la zona triqui (región Mixteca).
Yolanda Ruiz Cruz, vocera de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo, que aglutina a miembros de diversos orígenes y causas, apunta que la “instalación de campamentos y todo viene de mucho tiempo atrás; desde hace 15 o 20 años, el zócalo no ha estado limpio, siempre ha estado con compañeros y organizaciones que con fundamento y causa se instalan”.
La organización lleva ya 15 años de existencia y abandera necesidades de comunidades o personas, entre ellas la de desplazados de San Miguel Copala o por la falta de reparación de daño y de justicia de 25 compañeros que fueron “presos políticos” en 2015. Además de exigir justicia para San Blas Atempa, afectada hace años por la instalación de una subestación eléctrica.
La representante ahonda en que en esta parte de la ciudad hay varias organizaciones que tienen diversas demandas. Entre las decenas de puestos donde se consiguen artesanías y productos similares, se logró distinguir a dos grupos de desplazados que se reparten el corredor del Palacio de Gobierno.
Asimismo, a otros puestos frente a él, ya sea de Sol Rojo o de la organización UACOL (Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha). También hay un nuevo grupo de desplazados de San Juan Copala, mayormente mujeres y familias que el mes pasado fueron objeto de enfrentamientos e intentos de desalojo de parte de inspectores y policías municipales.
A un costado del Palacio de Gobierno, sobre la calle Flores Magón yace otro grupo de desplazados, a quienes representa Lorena Merino Martínez. Al igual que lo expuesto en otras ocasiones por desplazados, Merino señala que la colocación de sus puestos es parte de una protesta, luego de que tuvieran que salir de sus poblados a causa del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
“Ya llevamos años aquí”, cuenta sobre la instalación de los puestos, de los que, sin embargo, aclara que es a lo que han recurrido para sostener a sus familias, unas 40. Y que si bien ahora los desplazados están divididos en grupos por causa del gobierno, mantienen las mismas demandas: recuperar sus tierras y garantías para poder volver a San Juan y San Miguel Copala.
“No nos quedó de otra para sobrevivir y sacar algo para nuestros hijos, es buscar una manera de trabajar porque el gobierno no nos ha querido apoyar ni busca formas para que los desplazados regresen a su comunidad… No somos comerciantes, es lo que elaboramos para tener el sustento de nuestros hijos”.
