Para los ambientalistas y abogados que defienden a los pequeños propietarios que les han arrebatado sus tierras, la franja costera de Oaxaca se ha convertido en un paraíso de la corrupción y despojos.
La historia de despojo data desde el año 60 cuando el entonces gobernador Víctor Bravo Ahuja intentó expropiar miles de hectáreas en la zona conocida como Tierra Colorada o Punta Colorada, pero jamás pagó la indemnización a los propietarios originales.
En los archivos históricos que existen en los tribunales agrarios, destacan que el único pago que recibieron los campesinos fueron por sus cosechas, con la promesa que serían indemnizados posteriormente por el gobierno estatal.
Esta situación fue aprovechada por los extranjeros para hacerse de tierras en la franja costera, ya que mientras el gobierno pretendía pagar una raquítica suma cercana a los 36 centavos por metro cuadrado de cosecha, los extranjeros pagaron dos o tres centavos más para después revender los terrenos al gobierno o a particulares en varios millones de pesos.
“Es una injusticia lo que ha pasado en la región de la Costa, la mayoría de las playas se las han adueñado los grandes empresarios hoteleros, políticos y extranjeros que con grandes recursos económicos compran propiedades que fueron despojados a los campesinos y construyen sus mansiones y hoteles”, señaló Nazario García Ramírez, integrantes del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO).
Explicó que las playas que se encuentran en las zonas hoteleras, están totalmente privatizadas y conforme avanza el despojo y la invasión, las dependencias encargadas de resguardar los bienes de la nación, tanto de nivel estatal como federal omiten atender las quejas de los ciudadanos.
“En la Costa está pasando el fenómeno que sucede con las áreas naturales protegidas de Oaxaca, los están invadiendo y vendiendo, lo más grave es que hasta el día de hoy la Semarnat, la Profepa y la Conagua han sucumbido ante la ambición de los presidentes municipales de las demarcaciones que también se prestan a estos negocios, no solamente invaden las playas, sino los manglares donde siguen construyendo hoteles y grandes desarrollos turísticos y lo único que están haciendo es acabar con los recursos naturales del estado. Vienen a Oaxaca porque saben que tiene las mejores playas a nivel mundial y porque saben que hay corrupción y omisión de las autoridades”, apuntó el ambientalista.
Por su parte, la abogada Edith Santibáñez Bohórquez no descarta que en estos despojos de tierras o ventas fraudulentas como ocurre en la localidad de Tilzapote, perteneciente a San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca, estén involucrados desde funcionarios, notarios y extranjeros que utilizan prestanombres para adueñarse de los predios comunales.







































