Sin contradecir la política que ha desplegado el gobierno de Alejandro Murat, a lo largo de estos cuatro años de gestión, de privilegiar el diálogo por encima de todo, es importante subrayar que, para diversos sectores sociales oaxaqueños, ello no se contrapone con el ejercicio simple y llano de la aplicación de la ley. En los cánones del buen gobierno, cuando se han agotado las mesas de diálogo, de conciliación y entendimiento, es cuestión de Estado el uso de la fuerza. Hacer lo contrario es, simplemente negar la naturaleza de este ente jurídico. Si bien es cierto que cualquier acción de fuerza será considerada represión, en los hechos es lo que la ciudadanía espera para mantener firme el timón de la gobernabilidad y la paz social. Desde que los bloqueos carreteros a calles, cruceros y carreteras se hicieron un instrumento común para afianzar el chantaje y doblegar al gobierno, los oaxaqueños hemos insistido en que se debe privilegiar la ley.
Un ejemplo de esta necesidad es el caso de los grupos y organizaciones que se disputan la supremacía en la zona triqui. Una y otra vez, la Secretaría General de Gobierno ha sentado a los dirigentes para llegar a un acuerdo de paz. Una y otra vez los responsables han continuado con su postura cerrada y violenta. Es más, se sabe, como ya hemos dicho, que un grupo de funcionarios, acompañados de la Guardia Nacional y la Policía Preventiva, llegaron a la comunidad de Tierra Blanca, Copala, distrito de Santiago Juxtlahuaca, para dar la seguridad a los pobladores de que no ocurrirán acciones de violencia de sus adversarios. Sin embargo, quienes encabezan el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), movidos por intereses pecuniarios y ambiciones económicas, han continuado con sus prácticas nocivas, ignorando el trabajo institucional para pactar la paz.
Esto es: hay otros intereses que deben ser acotados por las autoridades, pues si se recurre al chantaje o la presión es que no son legítimos. Ahí debe aplicarse la ley. Un gobierno no puede estar supeditado a la presión y el cacareo tradicional de los organismos de derechos humanos, que siempre buscarán razones de quienes se asumen víctimas. Ello de ninguna manera debe inhibir la acción de Estado, sobre aquellos que con banderas falsas afectan los derechos de terceros. Los bloqueos deben ser acotados. Oaxaca no puede más.
El crimen imparable
El tema de la seguridad, ya lo hemos dicho, es muy recurrente en este espacio editorial. Una de las razones es que ya nos hemos acostumbrados a que se nos diga que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país, cuando en los hechos no es así. Hace un par de semanas comentamos de los homicidios colectivos ocurridos con jóvenes músicos en jurisdicción de Ejutla de Crespo, cerca de la comunidad de San Vicente Coatlán, en donde muchos crímenes han quedado en la impunidad o los que se dieron a principios de enero en San Miguel Soyaltepec, en la Cuenca del Papaloapan, una región lacerada por el crimen y los grupos delictivos. Mencionamos también que los Valles Centrales se habían convertido en escenario de ejecuciones de mujeres y hombres. Sólo en diciembre y principios de enero, en el cercano municipio de San Antonio de la Cal, se documentaron al menos tres ejecuciones. Pocos días después aparecieron los cadáveres de dos personas en la carretera a Arrazola, Santa Cruz Xoxocotlán.
La semana pasada fueron sepultados en el viejo panteón de Pinotepa Nacional, los cuerpos de tres jóvenes músicos, integrantes del grupo “Los Hijos de la Banda”, quienes fueron levantados en el camino que conduce de El Ciruelo a Santo Domingo Armenta. Al día siguiente aparecieron los cadáveres. Este crimen ha desatado una ola de protestas e indignación en la costa oaxaqueña. Por fortuna, el fin de semana pasado, la Fiscalía General del Estado ejerció acción penal en contra de cuatro presuntos responsables de este crimen. En otro escenario, el martes 19 de enero, un médico que tenía su despacho de gestoría de transporte fue asesinado en Santa Lucía del Camino y un pasajero de moto-taxi corrió igual suerte en Juchitán. Esto es, el crimen con pandemia o sin ella, no ha cesado en su brutal rosario de ejecuciones y asesinatos.
Llama la atención que algunos de quienes han perdido la vida bajo las balas y la tortura en los Valles Centrales sean trabajadores o propietarios de negocios en el Mercado de Abasto, un sitio que, todo mundo sabe y las corporaciones policiales no ignoran, está casi bajo el control de grupos de colombianos que prestan dinero con intereses. No obstante, las denuncias ciudadanas constantes sobre estos delincuentes, las autoridades parece que no escuchan ni actúan. Sin duda alguna, por ahí debe encontrarse una hebra para la investigación de estos crímenes. Lo cierto es que los grupos criminales están desatados operando en las distintas regiones del estado.
