Desde fines del año pasado, la zona de Tierra Blanca, Copala, distrito de Santiago Juxtlahuaca, se ha visto azotada por la violencia, las diferencias entre los grupos que controlan a la etnia triqui y la protesta. Una y otra vez, el gobierno estatal, a través de la dependencia que vigila la gobernabilidad, la Secretaría General de Gobierno, ha llamado a la conciliación y suscribir la paz. Sin embargo, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), ha ignorado dicha convocatoria y ha mantenido, al menos durante lo que lleva el mes de enero, una postura cerrada, reacia al diálogo y proclive a la constante denuncia. No es un secreto que, si algo saben sus dirigentes, es el efecto que tienen las movilizaciones y asumirse víctimas.
Luego de uno de los encuentros en Ciudad Administrativa, funcionarios estatales, Policía Preventiva y Guardia Nacional, acompañaron a los inconformes hasta su lugar de origen, Tierra Blanca, para evitar acciones de violencia. Los asistentes a dicha labor no estuvieron exentos de tratos humillantes por parte de dirigentes e indígenas, en su mayoría mujeres, que son a quienes envían adelante en las manifestaciones. Sin embargo, no fue suficiente. Un par de días después volvieron los gritos y sombrerazos, de supuestos heridos y presuntas agresiones por parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). El juego del dirigente del MULT-I, Macario García Merino se puso al descubierto: insisten en que el gobierno les de la categoría de “desplazados”, para poder acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la Comisión Interamericana (CIDH), para poder obtener medidas cautelares e enquistarse, como sus paisanos, en los pasillos del Palacio de Gobierno.
La etnia triqui, no es un secreto, se ha caracterizado por ser un grupo susceptible a la manipulación de sus dirigentes y violento por naturaleza. Es un caso único de exterminio interétnico. Sus miembros viven del chantaje y la dádiva gubernamental, a diferencia de otros grupos étnicos, que viven de su trabajo. Las cuatro organizaciones que se disputan la supremacía permanecen en una violencia constante por cotos de poder y la atención gubernamental. Pero también de los recursos que les llegan a las comunidades que controlan. Durante varios días de la semana pasada y sin asumir las medidas de prevención ante el incremento de los contagios, bloquearon caminos y carreteras, al tenor de la ambición de sus dirigentes.
Una decisión acertada
Ante las críticas vertidas en algunos medios de comunicación, respecto al manejo sesgado del programa de vacunación contra la pandemia de Covid-19, el viernes 22 de enero, en una de sus tradicionales y sofocantes conferencias de prensa mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó haber girado instrucciones al titular de la Secretaría de Salud federal, Jorge Alcocer, para informar que se firme el acuerdo para que gobiernos locales y empresas puedan adquirir la vacuna. Dicha decisión fue contraria a la declaración que un día antes había vertido ante los medios el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, en torno a una tácita prohibición a los gobiernos estatales para adquirir la vacuna.
Como lo hemos comentado en este espacio editorial en fechas anteriores, el programa de vacunación ha recibido serias críticas, en principio porque se ha prestado al tráfico de influencias, además del sesgo político que se le ha impreso. Es evidente el manejo del tema de la vacuna, en los promocionales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asumiéndolo como un logro del gobierno de la Cuarta Transformación y cerrando con una sentencia: que la salud es un derecho, no un privilegio. Un dato adicional a ello, es la farsa de que los primeros en obtener dicho beneficio serían los miembros del personal médico, que han estado en la primera línea de combate al mal, cuando los medios exhibieron que antes que ellos estuvieron los llamados “servidores de la Nación”, una estructura electoral que se mantiene en todo el país, promocionando los programas sociales, detrás de lo cual, está el interés de apuntalar al partido en el poder.
Desde hace poco más de un mes, el gobernador Alejandro Murat afirmó que de permitirlo las reglas de la Secretaría de Salud su administración podría adquirir las vacunas y así salvar a los oaxaqueños que han sobrevivido al mal. Las condiciones ya están. Ojalá que dicha decisión presidencial permita agilizar el programa de vacunación que ya emprendió la Federación para el personal médico y extenderlo ahora a la sociedad civil. En circunstancias como las que vivimos hoy, con un incremento brutal de contagios, decesos y el sistema hospitalario a punto de colapsar, la tabla de salvación es, sin duda alguna, la vacuna. Esperamos pues que el gobierno estatal haga lo que le corresponde en esta apertura.
