La aplicación de la vacuna Pfizer que presuntamente estaba destinada en primera instancia al personal sanitario, que está en primera línea para combatir el mal, es decir, médicos, enfermeras, camilleros, operadores de ambulancia y otros, ha sido objeto de prácticas de corrupción y tráfico de influencias. Atrás quedaron las acusaciones y señalamientos hacia el director de un importante hospital público en la capital del Estado de México, que vacunó a su esposa e hija, contraviniendo la instrucción presidencial, pues se han ventilado ya muchos casos que son un verdadero atentado a la vida de miles de mexicanos. De uno de estos hechos ya comentamos ayer, que es el caso de los llamados “servidores de la Nación “, que sin tener por qué, fueron vacunados.
Por si no fuera suficiente, la semana anterior, en una de sus extenuantes conferencias de prensa “mañaneras”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo mención de que México había cedido en la adquisición de vacunas, para que la misma fuera entregada a países más pobres. La crítica y la descalificación se volcó sobre quien, se presume, tiene en sus manos la salud y la vida de cerca de 130 millones de mexicanos, los cuales esperan les sea aplicada para evitar contagios y muertes. Es increíble que se juegue así con el destino del país y sus ciudadanos, para mostrar un desplante populista, que nada tiene que ver con un gesto altruista, sino con un desfogue de irresponsabilidad institucional. Nada, absolutamente nada justifica dicha medida, la cual refleja una actitud autócrata que esta vez, como se ha instituido en el país, no fue objeto de consulta a mano alzada.
Otra vertiente que ha tomado el citado programa de vacunación contra el SARS-CoV2, que produce el Covid-19, es la vertiente electoral que le está imprimiendo el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), haciendo propaganda fuera de la ley, a favor del gobierno de la Cuarta Transformación con un derecho que nos corresponde a todos: la salud. No dudamos que personajes vinculados al partido en el poder ya hayan sido vacunados, poniendo en entredicho el cacareado objetivo que con todo cinismo anuncia a diario el presidente López Obrador. Es una vergüenza que esta situación se esté dando, cuando se están viendo los efectos brutales de la pandemia entre los más pobres del país; con un sistema de salud colapsado y una crisis económica brutal, con expectativas inéditas.
Una buena medida
Desde la semana pasada y ante el incremento inédito de contagios y decesos por Covid-19, el gobierno de la capital oaxaqueña tomó una decisión justa y acertada: retirar puestos de comercio en la vía pública del Centro Histórico. Se trata de una medida evidentemente coyuntural, por los tiempos en que vivimos. Sin embargo, como lo hemos abordado en este mismo espacio, tanto el gobierno municipal como el estatal, deben aprovechar la oportunidad para darle al corazón de la ciudad, nos referimos al zócalo, la Alameda de León y las calles del centro, otra imagen. Es decir, dar una alternativa a grupos y organizaciones que, desde hace al menos una década se han apropiado, contra derecho, de los espacios ciudadanos. La imagen que da una ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad a propios y extraños, copada por puestos y venta de mercancía de toda naturaleza es, simplemente, deprimente.
Es evidente que existen ciertos grupos y organizaciones de toda laya, compromisos a los que ambos órdenes de gobierno no pueden sustraerse y es el motivo por el cual sus dirigentes han asumido como propios los espacios con los que lucran. Ahí están membretes como la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), que encabeza Adán Mejía López u otro membrete, que en los últimos tiempos se ha perfilado como una organización chantajista y sin escrúpulos, “Sol Rojo”, que manipula Javier Aluz Mancera, a través de sus alfiles y testaferros. Sólo nos referimos a dos, pero existen más grupos, vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como los vendedores que lidera Carmen Luján, quien se da el lujo de amenazar y llegar a cobrar el derecho de piso con sujetos armados.
Han pasado sexenios y trienios sin que se le haya puesto alguna solución a la invasión del Centro Histórico. El ejemplo más emblemático es el de los supuestos triquis, que se llaman a sí mismos desplazados y, por tanto, tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Estos indígenas, que no suman ni cuarenta, se posesionaron de los pasillos del Palacio de Gobierno desde el año 2010 y no se han querido salir de ahí, asumiendo que nadie los puede tocar. Como ya hemos comentado, este grupo étnico ya se acostumbró a vivir en medio de la violencia y a depender en todo del gobierno. El costo para que liberen dicho espacio implica muchos millones de pesos para el erario.
