La reelección de diputados y diputadas acreditadas tanto en el Congreso federal como local, al menos en lo que respecta a Oaxaca, es una ofensa a la ciudadanía. Si en el ánimo colectivo hubiera un resquicio de gratitud, reconocimiento o al menos validación de su obra legislativa, es probable que muchos aplaudirían dicha decisión. El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debe presentar ante la ciudadanía caras nuevas, frescas, no las mismas que hemos visto en la LXIV Legislatura local, inventando cosas, aprendiendo a legislar, aprobando leyes y traficando influencias con los municipios que tienen en sus distritos. Con certeza, pese al peso político-electoral que tiene Morena en el espectro ciudadano, poco, muy poco ayudará a mantener el predominio, con candidatos reciclados que no son ni dignos ni populares representantes.
Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la famosa Ley de Residuos Sólidos que se aprobó hace más de un año y entró en vigor a fines de octubre del año pasado? ¿O la famosa Ley Anti-chatarra, aprobada para prohibir la venta de bebidas azucaradas o alimentos con alto contenido de grasas a niños? Ninguna ha sido eficaz ni tienen aplicación. Han sido hasta este momento, letra muerta. Pero tuvieron, hace unos meses, un gran impacto mediático, pese a la crisis económica y su repercusión en diversos sectores sociales. Es evidente que el protagonismo ha sido el motor de dichas y poco populares iniciativas. La encomienda la tuvo la diputada Magaly López Domínguez, quien, en su momento, no pudo dar argumentos técnicos y sólidos sobre su propuesta.
Ha trascendido que se alistan ya varios diputados (as) en el Congreso local para el proceso de reelección para la jornada próxima. Sin embargo, la mayoría, sobre todo de la bancada de Morena y del Partido del Trabajo (PT) han dejado en la ciudadanía más dudas que certezas. No lo decimos nosotros, sino incluso organismos como el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), al considerar a esta legislatura como la más onerosa e improductiva de las que hemos tenido. De ahí vale la pena preguntar: ¿con qué méritos buscarán el voto popular de nueva cuenta, cuando no han respondido ni en pequeña medida a las expectativas de los oaxaqueños? Si hubiera manera de medir con un rasero su desempeño, podemos tener la certeza de que serán pocos, pero muy pocos, los que pasarían la prueba.
Contra órganos autónomos
La campaña para desaparecer los órganos autónomos está en curso. Una y otra vez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador la ha emprendido en contra de dichos órganos en sus mañaneras, particularmente el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), como ya hemos comentado en segmentos editoriales de hace algunos días. La intención lleva trasfondo. Acotar cualquier contrapeso, los factores de equilibrio a las prácticas autoritarias de secrecía, opacidad y discrecionalidad. No es fortuito que se hayan hecho públicas las reservas que ha mantenido hasta hoy la Secretaría de la Función Pública (SFP), erogaciones o asignaciones millonarias del gobierno federal. A ello hay que agregar la asignación de obras de manera directa a ciertas empresas, sin cumplir con la normatividad vigente en materia de bienes y servicios que, al menos en el pasado, se maquillaban para evitar especulaciones.
Otro de los órganos autónomos que ha sido a menudo desacreditado es el Instituto Nacional Electoral (INE). Su presidente, Lorenzo Córdova Vianello ha sido objeto de constantes denuestos personales por parte del primer mandatario. Algo que resulta aberrante, dado que lejos de buscar la unidad, la reconciliación, la tolerancia entre los mexicanos, el discurso cotidiano es el descrédito y el denuesto. Es innegable que dicha institución ha sido uno de los pilares de la democracia representativa mexicana, no un instrumento parcial para abonar al fraude electoral o arremeter a favor de determinado partido político. Su composición da cuenta que los órganos ciudadanos han ido ganando terreno en el espectro democrático de México. Pese a ello, ya es común el descrédito y la mala fe del presidente.
De parte de los grupos empresariales, de organizaciones de la sociedad civil y de grupos representativos de académicos, existe ya una campaña en defensa de dichos órganos, habida cuenta que no es demoliendo las instituciones o convirtiéndolas en apéndices de secretarías de Estado o dependencias gubernamentales, como el país puede forjar la cacareada cuarta transformación. Es muy lamentable que en los dos años que lleva la actual administración, se esté perfilando un anquilosado régimen autoritario que nada, absolutamente nada tiene que ver con el que perfiló el actual gobierno luego del triunfo electoral de julio de 2018. Cada vez con más claridad, la 4T está enseñando el cobre.
