Cuando en el año 2002, el ex presidente Vicente Fox, promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, quedó claro que dicho mandato legal no era una gratuita concesión del gobierno federal ni, mucho menos, una aportación de los partidos políticos, en ese entonces, representados en el Congreso de la Unión, sino una conquista ciudadana; un logro de la sociedad civil, para la construcción en México de una agenda democrática. Sus promotores del “Grupo Oaxaca”, formado por académicos, periodistas, editores e investigadores tuvieron como objetivo, acotar el autoritarismo gubernamental; la secrecía y la discrecionalidad, particularmente respecto al uso o abuso de los recursos públicos. Dicha ley fue y ha sido un instrumento legal, reconocido en la Constitución, para promover la rendición de cuentas y que el ciudadano pueda exigir transparencia en la información oficial, basado en el derecho a la información.
El artículo séptimo de nuestra Carta Magna establece que: “el Estado deberá garantizar el derecho a la información. Esta garantía consiste en el derecho que tiene todo individuo, a recibir información oportuna, completa, real y objetiva. El acceso a la información pública no tendrá más limitaciones que las expresamente establecidas en la ley”. Con esta filosofía nació el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y los órganos garantes en los estados de la República. Tanto el primero como los últimos no pueden ser parte de secretarías de Estado o sectorizados a dependencias públicas. Deben tener autonomía para poder funcionar. ¿De dónde ha sacado el principal representante del gobierno de la Cuarta Transformación, que la lucha contra la corrupción pasa necesariamente por el desmantelamiento de las instituciones? ¿O simplemente anexar a la Secretaría de la Función Pública, las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información?
Queda claro que la famosa lucha contra la corrupción es una cruzada contradictoria y demagógica; un artificio político para ocultar prácticas discrecionales y opacas. Ahí hay que ver asignaciones de obras millonarias a familiares o de funcionarios cercanos; poner en reserva gastos multimillonarios, como es el caso de las vacunas y ocultarle al pueblo mexicano licitaciones y asignaciones directas amañadas que, al menos en el antiguo régimen, se maquillaban.
Entidad segura: Una falacia
Podría parecer campaña o una mala interpretación, lo cierto es que a un segmento de la ciudadanía oaxaqueña no le convencen los datos y estadísticas que difunde el llamado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para calificar si una entidad del país es o no es segura o en qué rango se ubica en el entorno nacional. Ya es común en el discurso oficial, como desde hace al menos diez años, ubicar a Oaxaca como una de las entidades más seguras del país. Y en ello se regodean los responsables institucionales de la seguridad. Un análisis de la realidad oaxaqueña da como resultado que el tema no es algo tan simple y banal. Por ejemplo, en medios nacionales se le dio cobertura hace unos días, a las masacres que grupos criminales han propiciado en el estado de Guanajuatos. Sin embargo, poco se dice que hace poco más de una semana, tres jóvenes músicos oaxaqueños fueron ejecutados en un tramo de la súper carretera a la Costa, en jurisdicción de Ejutla de Crespo y otros cuatro corrían igual suerte en San Miguel Soyaltepec, en la Cuenca del Papaloapan.
La pregunta es: ¿hay alguna diferencia entre un hecho y otro? Por supuesto que no. Grupos feministas contabilizaron poco más de 90 feminicidios hasta el mes de diciembre. Y en lo que va de enero se han contabilzado al menos seis feminicidios en San Antonio de la Cal, Huatulco y Pinotepa. Pero pese a todo ello, no faltan las estadísticas oficiales que afirman que los homicidios dolosos han ido a la baja. La verdad es que los hechos criminales dicen lo contrario. Pero tal parece que los responsables siguen luciéndose con las citadas estadísticas para dormir el sueño de los justos. Insistimos, Oaxaca no es, para nada, una entidad segura. Al menos, la semana pasada hubo más de diez homicidios dolosos. Y podíamos ennumerarlos. ¿De dónde pues se sacan de la manga que somos un remanso de paz y una entidad segura? La lección que este panorama nos da, es que no hay que bajar la guardia. Hagan su trabajo. Ya basta de tratar de sorprender la buena fe de los oaxaqueños.
Hasta el más ingenuo se da cuenta que hay lugares que son verdaderas tierras de nadie. Será por complicidad o connivencia oficial, pero nadie le entra. Ahí, como la novela de don Edmundo Valadés, la muerte tiene permiso. San Vicente Coatlán, por ejemplo. Que los responsables de la seguridad pública no nos vengan a ofrecer cuentas de vidrio o baratijas. En Oaxaca, la inseguridad y el crimen, caminan a tambor batiente.
