Desde el primero de diciembre del año próximo pasado, inició de manera formal el proceso electoral de 2021, que tendrá su desenlace el próximo 6 de junio. Hace un par de días, de acuerdo con el calendario electoral arrancó la etapa de precampañas. Como ya se ha comentado en las páginas de este diario, en este proceso participarán 12 institutos políticos, en una elección en la que se habrán de elegir 10 diputaciones federales, 42 locales y 153 presidencias municipales. Como se advierte, no será tarea fácil para el árbitro, el Instituto Nacional Electoral (INE), en la calificación de las diputaciones federales y para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), en lo que respecta a las locales y presidencias municipales. Uno y otro han sido descalificados y denostados tanto desde la tribuna presidencial como en Oaxaca, por ciertos partidos políticos ensoberbecidos en el poder.
Desde el inicio formal del proceso la ciudadanía ha sido testigo de la publicidad cada vez más agresiva de algunos partidos políticos, mensajes que no conllevan a la civilidad y la tolerancia sino a la polarización de la vida institucional de México y de Oaxaca. Desafortunadamente la ley electoral no es aplicable para prohibir este tipo de mensajes. En nuestra entidad, sobre todo en el ambiente municipal, la lucha electoral se convierte en una especie de arena política. No pocas veces el desenlace ha sido mortal. La ciudadanía se apasiona tanto que lejos de unir a nuestras comunidades las fractura, dejando a padres enfrentados con hijos, en un proceso en el cual sólo ganan unos cuantos, que son los que se benefician.
Estamos convencidos de que las autoridades harán lo propio con los representantes de los partidos para evitar confrontaciones, sino que prevalezcan, justamente, la civilidad y la tolerancia. Sin embargo, a donde deben llegar los llamados es a la sociedad civil, que es en donde subyace –gracias a los partidos políticos- el encono en contra de los adversarios, que no contrincantes ni enemigos políticos. No están por demás pues, los apercibimientos a dichos institutos políticos para conducirse conforme lo disponen las leyes y el sentido común. No hay que olvidar que Oaxaca es una entidad en donde prevalecen los rescoldos del encono y el odio, propiciado, justamente por esos procesos electorales cuyos resultados siempre dan pie a dudas y litigios.
Basta de violencia
En los dos últimos meses, la violencia y el crimen se han exacerbado en la zona triqui. Los muertos están a la orden del día. Las emboscadas, ejecuciones y venganzas nos han hecho recordar pasajes penosos y fatales como fue la desaparición de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, de 20 y 14 años de edad, el 5 de julio de 2007 o el asesinato de Teresa Bautista Merino, de 24 años, y Felicitas Martínez Sánchez, de 20, locutoras de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio”, en abril de 2008. En dicha zona, las vendettas entre grupos y dirigentes que se disputan la supremacía, nos han exhibido a nivel internacional, como fue el caso de estas mujeres. En esa ocasión, según el reporte de la Organización Committee to Protect Journalist, con sede en Nueva York, se informó que ambas fueron emboscadas, por individuos no identificados, que dispararon con rifles de asalto a su vehículo cerca de Putla de Guerrero. Otras tres personas que viajaban en el vehículo, incluyendo a un niño de 3 años, resultaron lesionadas.
Aunque el asunto se politizó de tal suerte que no faltaron los beneficiarios de este crimen, en abril de 2010, en la zona de La Sabana, Copala, una caravana presuntamente humanitaria, fue emboscada por sujetos armados, dando como resultado la muerte de los activistas Beatriz Cariño, directora de la ONG Cactus y del observador de Derechos Humanos finlandés Tyri Antero Jaakkola. Ambos fueron alcanzados por disparos de presuntos paramilitares. Éstos son sólo algunos hechos notables. Pero la violencia en la zona triqui es todo un historial de agravios. A raíz de la misma, hay grupos menores que se asumieron desplazados y han aprovechado las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para apropiarse de manera ilegal de los pasillos del Palacio de Gobierno. Y los crímenes siguen sin que haya una política que obligue a los autores intelectuales a apegarse a la ley.
Los grupos que se disputan la zona no requieren sólo de mesas de diálogo y acuerdos de paz. Urgen la aplicación de la ley. El cuento aquel de “nosotros los pobres indígenas, los del color de la tierra” y demás, deben quedar en el espectro del anecdotario político no en el de la praxis que exige un alto ya a tanta violencia. Que ningún crimen quede impune. Y hay que empezar con los dirigentes, que son los instigadores de la violencia.
