Más de tres años después de la denuncia en contra de autoridades de los tres órdenes de gobierno por violar los derechos humanos de habitantes de diversos municipios de Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó la transgresión a las garantías de saneamiento del agua y a un medio ambiente sano. A raíz de ello emitió la Recomendación 57/2020.
Esto en relación con la contaminación de los ríos Atoyac y Salado, “por la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas residuales municipales no controladas”.
En un documento de 113 páginas, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, llamó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al Gobierno del Estado de Oaxaca, a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), así como a cerca de 30 ayuntamientos a garantizar los derechos de la población, frenar la contaminación de los ríos y sanear tales afluentes.
Asimismo, que cumplan con la sentencia JA01, en la que el Juez Primero de Distrito resolvió que “la Conagua y otras autoridades en los tres niveles de gobierno han de implementar medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía, con el objeto de proteger los ríos Atoyac y Salado”.
De acuerdo con la recomendación, hasta ahora “no se han implementado medidas realmente efectivas”, por lo que se requiere “mayores esfuerzos por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con la participación de la sociedad civil”.
Además, señala que la contaminación de los ríos por las aguas residuales se relaciona con la inoperancia o deficiencias en las plantas de tratamiento. “De las 28 Plantas de Tratamiento registradas que descargan al río Atoyac o al Salado, solo 8 operan correctamente, 10 tienen operación deficiente, 7 están sin operar, 3 estaban pendientes de visitar por dicha Comisión Nacional para identificar su grado de operatividad”, explica el documento.
El organismo recibió las quejas en marzo de 2019 (en septiembre de 2017, estas se presentaron ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, DDHPO). En ellas se señala “el consecuente daño al medio ambiente, a la calidad del agua y a la salud de la población”, derivado de la omisión de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
Luego de una investigación, la comisión emitió la recomendación 57/2020 el 24 de noviembre. Esta la dirigió a Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Conagua; a Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca; a Laura Vignon Carreño, directora de SAPAO.
También a los miembros de los siguientes ayuntamientos: Ánimas Trujano, Ciénega de Zimatlán, Guadalupe Etla, Magdalena Apasco, Nazareno Etla, Oaxaca de Juárez, Reyes Etla, San Agustín de las Juntas, San Andrés Zautla, San Bartolo Coyotepec y San Francisco Telixtlahuaca.
Además de San Jacinto Amilpas, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Huitzo, San Pablo Huixtepec, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Ana Zegache, Santa Catarina Quiane, Santa Cruz Mixtepec, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Gertrudis, Santa Inés Yatzeche, Santa María Atzompa, Santa María Coyotepec, Santiago Suchilquitango, Soledad Etla, Villa de Zaachila y Zimatlán de Álvarez.
Aunque la contaminación de los ríos Atoyac y Salado es conocida por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la CNDH señala que el problema continúa y que las autoridades no han llevado a cabo acciones ni tomado medidas para la protección de estos recursos hídricos.
