A dos años de la alternancia, en los municipios conurbados considerados como competitivos y gobernados desde 2019 por la coalición “Juntos Haremos Historia”, que encabeza Morena, mujeres alzan la mano ante la falta de representación y el aumento de casos de violencia política por razón de género.
En Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y San Jacinto Amilpas, ubicados en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO), los órganos jurisdiccionales sentenciaron a los y las ediles por obstaculizar el trabajo de las mujeres, sin embargo, los y las infractores buscan la reelección y otros cargos populares para evitar ceder los espacios en términos de equidad de género.
Paridad simulada
En el proceso electoral 2018, la coalición “Juntos Haremos Historia”, representada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), ganó la presidencia en 46 de los 153 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos, pero solamente en 13 son encabezados por mujeres.
En los municipios conurbados considerados como competitivos, las mujeres emanadas por la coalición, no cuentan con espacios para contender por la presidencia municipal como ocurre en Santa Lucía del Camino y Oaxaca de Juárez.
A nivel estatal, de acuerdo con los datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), en el proceso electoral ordinario de 2018, de las 153 alcaldías que se rigen por este sistema, en 52 fueron elegidas las mujeres, lo que representa apenas el 33.98 por ciento, una paridad simulada en Oaxaca.
Paridad, un acto de justicia
En los órganos legislativos actualmente existe una paridad representativa en los congresos locales y federales, sin embargo, después de las reformas aprobadas en el Senado de la República, los tres niveles de gobierno y los municipios tendrán la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres.
La senadora Malú Micher, de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que a partir del 2019, ya existen reformas a la Constitución para que los tres poderes de la Federación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, puedan contar con estructuras paritarias.
“Esto también se tiene que hacer en los tres órdenes de gobierno como federal, estatal y municipal, las listas de las presidencias municipales, los gabinetes deben de integrarse paritariamente, incluido en las comunidades indígenas”.
Expuso que el primer paso será en los 15 estados donde habrá elecciones a gobernador y gobernadora. “Estamos hablando que ahora se deben elegir a 7 mujeres y 8 hombres”.
“Tenemos que avanzar, que se aplique la paridad en todo, porque los hombres siempre iban en caballo de hacienda y las mujeres muy bien, gracias; pero ahora ya no, porque las mujeres tenemos un proyecto de nación, justicia, salud y de derechos humanos, ya no queremos intérpretes o intermediarios, queremos estar donde se decide sobre la vida, presupuesto o la salud, es un tema que no solamente tiene que ver con lo que han argumentado los hombres, el tema de la capacidad, sino un tema de justica y de oportunidades”.
En referencia lo que ocurre en los municipios de Oaxaca, afirmó que la paridad ya no se debe ver como una cuota, sino como como un hecho de justicia e igualdad. “La mitad y la mitad, la mitad de lo que nos pertenece y donde tenemos que estar todas y todos, no vamos a reproducir actos de simulación, queremos igualdad de oportunidades y de trato”, apuntó la senadora.
En fechas recientes, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantendrá la participación paritaria de las mujeres en su gabinete, caso contrario a que ocurre con las candidaturas y en los ayuntamientos de la entidad oaxaqueña, gobernados en su mayoría por Morena.
Violencia política, otro reto
De las mujeres que lograron acceder a un espacio de representación, ahora enfrentan otro reto como es la violencia política, ejercida por quienes lograron alcanzar las presidencias municipales.
En el municipio de Oaxaca de Juárez, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), sentenció al presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, por violencia política de género en contra de Jaquelina Escamilla Villanueva, cuando ejercía como directora del Instituto Municipal de la Mujer.
Se ordenó al edil ofrecer una disculpa pública en sesión de cabildo, restituir en el cargo a Escamilla Villanueva y pagar una multa de 21 mil 720 pesos.
Santa Lucía
El presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, fue el primero en aparecer en el registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SXTEPJF), determinó que Dante Montaño incurrió en Violencia Política en Razón de Género contra la regidora de Equidad, Género y Grupos Vulnerables, Nallely Ortiz Jiménez.
Con esta determinación, el Tribunal Electoral federal estableció que esta conducta debe ser tomada en cuenta para el proceso electoral ordinario 2020-2021, por lo que edil no podría postularse en algún cargo de elección popular.
San Jacinto Amilpas
La presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Yolanda Santos Montaño, también enfrenta una sanción por Violencia Política en Razón de Género en contra de la regidora de Equidad de Género, Mónica Belén Morales Bernal.
El pleno del TEEO determinó que la edil ha incurrido en la vulneración reiterada del derecho político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo para el cual fue electa la quejosa.
Paridad y Violencia Política
Carmelita Sibaja Ochoa, consejera del IEEPCO y presidenta de la Comisión Temporal de Género, explicó que en la entidad oaxaqueña ya existen leyes que garantizan la paridad y sanciona la violencia contra las mujeres.
“Garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las oaxaqueñas en condiciones de igualdad y libre de violencia política, representa uno de los objetivos principales para el Instituto”.
Expuso que en Oaxaca ya existe un marco normativo para ampliar y clarificar la definición de Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género. “Especifica las conductas y la sanciones, establece como requisito adicional para que una persona pueda contender por un cargo de elección no estar sentenciada por violencia política en razón de género y no estar sentenciada por delitos que atenten contra la obligación alimentaria”.
“Determina el proceso sancionador como mecanismo para proteger los derechos políticos y electorales de las mujeres dentro y fuera del proceso electoral, añade la paridad y la perspectiva de género como principios rectores de la función electoral, sin duda este avance legislativo es un paso importante para alcanzar la igualdad de condiciones y libre de violencia de las mujeres”, apuntó.
