Ayer 26 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la revisión de la constitucionalidad de la materia de otra consulta popular para enjuiciar a expresidentes, distinta a la presentada por el presidente López Obrador y que fue avalada por 8 de los 11 Ministros el pasado 1 de octubre.
Se trata de una de las dos peticiones ciudadanas de consulta presentadas en el Senado de la República el pasado 15 de septiembre -fecha límite para ello- por parte de simpatizantes y militantes de Morena, la misma a la que, un día antes del vencimiento del plazo, le faltaban más de la mitad de las firmas necesarias, lo cual motivó al Presidente de la República a solicitar su propia consulta popular.
La nueva solicitud se turnó al ministro Luis María Aguilar Morales, mismo ponente de la consulta de AMLO y cuyo proyecto proponía declararla inconstitucional pero que, contra todo pronóstico, fue desestimado por mayoría de votos.
Al ser una consulta solicitada por ciudadanos sigue un trámite distinto a la presentada por el titular del Ejecutivo Federal. Por ello, previo a su remisión a la Corte, las firmas ciudadanas tuvieron que ser validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual, si bien confirmó que se logró reunir la cantidad mínima necesaria de apoyos ciudadanos, también dio a conocer que se presentaron firmas de personas fallecidas o que no forman parte del padrón electoral.
En medios nacionales trascendió que la Corte discutirá el asunto antes de que finalice el 2020.
De avalarse su constitucionalidad, esta consulta popular deberá llevarse a cabo el mismo día que la ya aprobada, es decir, el primer domingo de agosto de 2021, aunque el bloque oficialista en el Congreso de la Unión ha hecho pública su intención de reformar la Constitución con la finalidad de que la o las consultas se puedan realizar el día que se renovará la Cámara de Diputados federal, el 6 de junio de 2021.
