Organizaciones sociales con presencia en Valles Centrales, Mixteca y estudiantiles son quienes encabezan la mayoría de tomas de la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (Capufe) de Huitzo, sin que la Guardia Nacional tenga la capacidad de evitar estos actos ilegales.
A nivel nacional, la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) estimó la pérdida acumulada entre enero y septiembre de 2020 por la toma de casetas en carreteras y autopistas en 3 mil 100 millones de pesos.
Y es que cada día, grupos de diversas líneas políticas, sociales o de carácter regional ocupan por horas los módulos de cobro en territorio estatal, sumando más casos en la caseta de Huitzo en la carretera Cuacnopalan–Oaxaca.
En la entidad, se estima que por semana al menos tres veces la caseta de cobro de Huitzo (Oaxaca – Cuacnopalan) es ocupada por grupos de estudiantes (normalistas) o militantes de organizaciones sociales diversas o pobladores de comunidades.
Según los reportes de los propios automovilistas, los manifestantes obligan a los usuarios de la red carretera de cuota a “cooperar” con 50 pesos mínimo para seguir su camino o en su defecto esperar a que liberen el sitio.
Únicamente en contadas ocasiones, ha intervenido la Guardia Nacional para terminar con el despojo en la caseta de cobro, pero en su mayoría los grupos operan impunemente por varias horas.
“Nuestras vías terrestres resultan estratégicas, sin embargo, son consideradas por algunos grupos, como una herramienta para ejercer presión política y, más lamentable aún, como una importante fuente para captar recursos de manera ilegal”, reitera la Asociación.
Considera que la toma de casetas y el boteo son fenómenos que han cobrado fuerza en los últimos años, al grado de que se han multiplicado los grupos dedicados a esta actividad ilegal.
De acuerdo a la AMCIV las entidades en las que se presenta con mayor frecuencia la toma de casetas de cobro, son: Baja California, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, entre otras.
Resalta que es tal la relevancia y notoriedad que la actividad ilegal ha adquirido, que incluso el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado la existencia de agrupaciones que violan la ley mediante el cierre de casetas para financiar sus movimientos.
Por lo que consideran urgente la correcta e irrestricta aplicación de la Ley, en paralelo con la instrumentación de una estrategia integral, para erradicar el fenómeno de la toma de casetas y el boteo.
Advierten que quienes realizan esta actividad ilegal suelen conducirse agresivamente en contra de trabajadores de las plazas de cobro y particularmente, de los usuarios, poniendo en peligro su integridad, la de sus familias y sus bienes.
Dada la naturaleza de dichas organizaciones, existe un importante riesgo de que estos eventos sean cada vez más violentos.
Incluso expone que se han registrado accidentes mortales por la presencia de miembros de estos grupos en el arroyo vehicular, desde automóviles sin frenos o conductores distraídos son un potencial riesgo para personas que, indebidamente se instalan en los carriles de acceso a las casetas.
Un reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) da cuenta que en 2010 se documentaron 50 casos de toma de casetas, mientras en 2019 se contabilizaron alrededor de 2 mil 500.
La AMCIV indica que la zona centro del país es la más afectada, pues del 19 de junio al cierre de septiembre fueron invadidas mil 215 casetas de peaje.
A su vez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que ha realizado acciones de prevención para evitar la toma de casetas en la red carretera del país, y ello ha permitido evitar pérdidas de más de 7 mil 720 millones de pesos.
