Y es que de acuerdo al Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2019, en la entidad al menos el 7.8% de los trabajadores remunerados (76, 797) fueron contratados bajo la figura de la tercerización de servicios.
La subcontratación es el proceso económico en el que una empresa delega los recursos orientados a cumplir ciertas tareas a una sociedad externa, básicamente dedicada a la prestación de diferentes servicios especializados y se lleva a cabo a través de un contrato.
En opinión del ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) admite que la subcontratación de servicios no solamente abarca el sector de limpieza y seguridad, sino ahora abarca academia, servicios financieros y gobierno.
Según estudios, la subcontratación ilegal cuesta al fisco alrededor de 500 mil millones de pesos cada año, la mayoría de estos recursos por concepto de evasión del impuesto sobre la renta (ISR).
Las entidades con porcentajes más altos de personal ocupado en establecimientos informales son: Oaxaca (80.0%), México (79.4%), Guerrero (76.7%), Tlaxcala (75.7%) y Chiapas (73.7 por ciento).
“El problema radica en que se ha abusado de la práctica dado que en lugar de contratar personal, se crearon empresas fantasmas afectando la economía y esa situación es la que ahora busca regular el gobierno federal”, anota.
El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM advierte que el 23% de quienes prestan servicios educativos laboran mediante subcontratación, mientras que en la industria el porcentaje es del 18%, y en la agricultura del 27%.
Expone que el 82 % de las personas contratadas bajo este esquema carecen de condiciones dignas de trabajo, lo que restringe su acceso a salud, vivienda, pago de aguinaldo y prima vacacional.
Esta semana, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.
En opinión de la Coparmex, la iniciativa tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.
La reforma es inflexible y unilateral, anticipamos el riesgo de un triple daño: un deterioro mayor de la crisis económica, un aumento de la informalidad y la inhibición a la creación de nuevos empleos, advierte.
Sostiene que pensar en la prohibición total de la subcontratación laboral conocida como outsourcing será un freno adicional al crecimiento económico, al tiempo de aumentar la informalidad, que es uno de los principales obstáculos para la productividad, el crecimiento y el desarrollo de México.
El sector patronal considera que la reforma debe tener como reto principal el regular la subcontratación y no prohibirla, es decir, vigilar a las empresas que lo utilizan y sancionar a las que simulan. Debe ser cada vez más fácil contratar y ser contratado.
