Aunque ligado a la historia de Oaxaca por la presencia de los mercados y de su población indígena, el ambulantaje que impera en la capital del estado es para la socióloga Noelia Ávila Delgado una expresión compleja y que aumentará a raíz de la crisis derivada del Covid-19. En lo último coincide la autoridad municipal, que en voz del regidor Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, señala que la crisis económica impactará en el comercio en la vía pública.
Si bien encierra un componente económico, derivado de una “crisis endémica” que describe la socióloga, este tipo de comercio se vincula también con el poder político; el que desde el control por el espacio público busca mantener los votos de sus afiliados. Pero también con una “disputa por los espacios públicos” y del “paisaje” de la urbe, ahonda.
Pensar en su regularización —dice Ávila— no es el tema central, sino el cómo se hará ante las visiones higienizantes en torno al fenómeno, como las emprendidas desde la primera mitad del siglo XIX.
“El problema es cómo lo hacemos: estamos en un terreno de voluntad política”, apunta la socióloga, quien piensa que las soluciones planteadas hasta ahora no son las adecuadas, pues siempre siguen la idea de “limpiar espacios públicos”.
Actualmente, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez construye un mercado en inmediaciones de la Central de Abasto. La intención es reubicar a los comerciantes ambulantes de la zona. Estos son una población “flotante” que la coordinadora del Mercado de Abasto, Noemí Alavés Aquino, estima en más de 3 mil. El nuevo espacio, sin embargo, contempla poco más de 250 espacios.
Crear plazas o mercados tiene la intencionalidad de “limpiar los espacios públicos”, que los ambulantes se guarden en las plazas y se liberen las calles, “pero es una ingenuidad y poco realizable porque cuando creas una plaza se fortalecen los mecanismo clientelares”, dice Ávila. “Puede que liberes las calles, pero las vuelven a ocupar”.
NO HAY CLARIDAD EN LAS CIFRAS
Pero la cifra es incierta, como ha reconocido el regidor de Mercados y comercio en la vía pública, Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias. Él explica que en los censos de los últimos cinco años se manejan cifras que van de los mil (en 2016) a los mil 779 (en 2019) y hasta los 3 mil 977 permisionarios y contribuyentes (también en 2019, pero de acuerdo con un registro de Tesorería). Las cifras son inconsistentes, aclara. A su parecer, los números podrían llegar hasta los 5 mil comerciantes en vía pública, que puede ser fijo, semifijo o ambulante.
Así como esta disparidad, está también la de organizaciones que representan a este comercio. El ayuntamiento contabiliza a nueve; entre ellas a grupo Lazcar, la que se considera que tiene a 720 agremiados.
“No todo el comercio de la calle depende del municipio, hay acuerdos políticos con el Gobierno del Estado. Desafortunadamente, el municipio quedó rebasado porque hay muchísimos actores, corporaciones de comerciantes, organizaciones políticas y muchos de ellos, afiliados con altos funcionarios del gobierno del estado”, señaló el funcionario.
UN FENÓMENO NECESARIO DE ATENDER
Para el regidor, el comercio ambulante es un fenómeno, antes que problema, que el ayuntamiento municipal está obligado a atender. Y es que desde la aprobación de un punto de acuerdo de octubre de 2008, la prohibición del mismo dio pie a la ilegalidad. Desde entonces, subraya, se tomó el tema como un problema, cuando no debió ser así.
“En lo personal, no considero que sea un problema sino un fenómeno social”, y que el querer criminalizar el comercio ambulante o pretenderlo impedir demostró, a 12 años de ese acuerdo, que no fue una buena idea.
Frente al tema, Ávalos Díaz dice que este punto de acuerdo ha dado pie a la ilegalidad. En el 2014, en otro punto de acuerdo, una comisión especial del ayuntamiento reconoció que los espacios aumentaron desde 2008, pues en este año había 924. La cifra, a 12 años, se estima en al menos cinco veces más.
“Yo creo que sí debemos de abrogar el punto de acuerdo de 2008”, subraya el funcionario, quien propone actualizar el reglamento de comercio en la vía pública, “uno que sí lo permita, pero también lo restrinja, que lo ordene”.
A su parecer, de seguir con la prohibición solo se mantendrá la ilegalidad de la práctica, por lo que deben intervenir las autoridades del municipio, así como las del orden estatal e incluso federal.
