Desde el fin de semana pasado, “distinguidos” miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), algunos severamente cuestionados por su pasado, pusieron una mesa en la Alameda de León, según ellos, para recabar firmas y llevar a juicio a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esta medida ha sido severamente cuestionada por expertos, críticos al gobierno de la llamada Cuarta Transformación y la opinión pública, habida cuenta de que se trata de una farsa con la que el citado partido trata de imponerse nuevamente en el proceso electoral del año que viene. No es en sí, con el propósito de llevar a los tribunales a quienes, se presume, contribuyeron al saqueo del país, a través de prácticas de corrupción, como las que están saliendo a luz en los últimos días.
Es evidente que la idea de poner en práctica la citada consulta surgió, luego de que se hicieran públicos algunos videos que involucran a un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero en efectivo, ilícito que se quiso maquillar con el argumento de que eran donativos para su movimiento. ¿Hay algún propósito de darle una satisfacción al pueblo mexicano, llevando a juicio o a prisión a los ex presidentes? Evidentemente no. Es parte de un circo mediático, si partimos de la premisa de que hoy en día, tanto corruptos del pasado como jueces y fiscales de la moral pública del actual gobierno, para los mexicanos son exactamente lo mismo. En opinión de millones de mexicanos hay que dar una lección a quienes han robado del erario público y nos han saqueado, pero que ello no constituya un punto a favor desde la perspectiva electoral con la que el actual gobierno quiere perpetuarse.
En este país estamos hartos de simulación, de pretender que todo lo malo estuvo en el pasado y que el actual gobierno será la panacea que cure a todos de nuestra pobreza y rezago ancestral. Eso es demagogia pura, pues si a todos se mide con el rasero ciudadano, no hay quien tire la primera piedra, ya que las prácticas ilícitas y la corrupción han alcanzado a tirios y troyanos. A los mexicanos ya no les convence el discurso moralista, cuando se está viendo la podredumbre que flota del lado de los hoy enjuiciadores y las prácticas ilegales que se están instrumentando para favorecer a muchos que, en el pasado, también fueron los grandes beneficiarios de la corrupción. Tienen razón quienes afirman que unos y otros son uno y el mismo.
Municipios sin ley
En los últimos tiempos, ciertos municipios de la geografía oaxaqueña han estado deviniendo territorios de bandas dedicadas a cometer asaltos, trasiego de drogas, extorsiones, secuestros y, sobre todo, ejecuciones. Antes de que los trabajos del Corredor Interoceánico estén a todo vapor, ya los grupos criminales que pululan por la zona, están creando un clima de terror. Y no hay que dudarlo, se habrán de convertir en los amos y señores de los robos o asaltos a trenes, que para ello están sentando ya sus reales. Por ejemplo, en el área de Matías Romero, Santiago y Santa María Petapa y en toda la franja hasta Palomares, ha estado haciendo de las suyas un grupo delictivo denominado “Los Chukis”, comandado por alguien que se autodenomina “Phoenix”. Éste se ha asumido como el dueño y señor de dicha zona, dejando por doquier, sobre todo en Matías Romero, cadáveres desmembrados con cartulinas alusivas.
Éste ha sido su sello distintivo en los últimos meses, superando a veces en criminalidad a la Cuenca del Papaloapan, en donde también se han dado estos casos lamentables y grotescos. A lo que vamos es a lo siguiente. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), no sólo enfrenta la oposición de decenas de organizaciones sociales como son la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI), las que operan en la Zona de Chimalapas y otras más, inclusive la oportunista, Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (Cocei), sino además, grupos criminales desalmados, que quieren aprovechar el proyecto presidencial para delinquir y extorsionar, ante la mirada complaciente de las autoridades federales y estatales. De las municipales mejor ni hablar. Están tan limitadas y amenazadas que no dudemos que estén atadas de manos para actuar, además, con escasos recursos humanos o logísticos para hacerles frente.
No es pues fortuita nuestra insistencia de que estamos muy lejos de ser una de las entidades más seguras del país. También hemos insistido en que además de las famosas consultas con los grupos indígenas, que han sido una farsa, el gobierno federal debe atender el asunto de la inseguridad. El territorio istmeño es proclive al tráfico de indocumentado, trasiego de droga y muchos vicios más que hay que erradicar, antes de que hagan abortar un gran proyecto. A todo ello hay que sumar la cultura del chantaje al que recurren grupos, comunidades y dirigentes sin escrúpulos, que ante la menor provocación cierran carreteras o cruceros; bloquean vías o asaltan trenes.
