Frente a la prohibición de venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad, que aprobó el congreso de Oaxaca el 5 de agosto, hay una postura mezquina de parte de la industria, señaló Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Esta es una medida de política pública restrictiva o paternalista, pero necesaria como la del uso del cinturón de seguridad, dijo este lunes el especialista en una conferencia virtual organizada por la asociación civil El Poder del Consumidor. Ante activistas y expertos en salud, soberanía alimentaria y derechos humanos, consideró preocupante, aunque no nuevo, el que “la industria de la comida chatarra y bebidas azucaradas está colocando sus intereses económicos sobre los derechos de la niñez”.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), ha dicho que con la medida se perderán unos 100 millones de pesos diarios en comercios de la entidad.
Sin embargo, ante las pérdidas que vaticina Rivera, la activista y abogada Yésica Sánchez Maya rechazó afectaciones y, en cambio, la existencia de beneficios, pues se fortalecerá la economía local. Además de promoverse el regreso al campo y una alimentación más saludable como la que se ha desplazado en las últimas tres décadas por la introducción de alimentos procesados y de bajo nivel nutricional, según coincidió con Osmayra Ziga, especialista en salud y alimentación de Puente a la Salud Comunitaria.
En la mesa de análisis Oaxaca, el estado que detonó la revolución en contra del consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas en la infancia, Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, dijo que si bien falta información para saber los impactos de la mala nutrición en la salud de infantes en Oaxaca, es posible señalar que la entidad presenta niveles importantes de obesidad; 33 por ciento de escolares con obesidad y sobrepeso según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018.
A nivel nacional, Ávila destacó que la prevalencia de obesidad y sobrepeso se incrementa entre el primero y el sexto año de primaria. Es decir, que “el ambiente escolar donde se generan los problemas graves de sobre peso y obesidad”.
Frente a este panorama y la prohibición, el presidente de la Redim consideró necesario aportarles más información a las niñas, niños y adolescentes, pues de lo contrario “estamos en desventaja con la industria” y los menores pueden sentirse “no escuchados o violentados”. Además de que es necesario que en este debate se involucre la Secretaría de Educación Pública.
Para Yésica Maya es urgente que el gobierno publique la reforma y que se reflexione sobre las implicaciones del discurso de la industria, en donde se ha tendido a calificar a los menores como delincuentes por robarse “un gansito”.
La prohibición que marca la nueva ley, dijo, es una propuesta vinculada a los derechos de los menores de edad, pero también de un compromiso que pese a las firmas de tratados y convenios no han cumplido los gobiernos con este sector. “Ya se habían tardado. Ha venido muy lento el proceso de garantía y de derechos a la salud y sano desarrollo”.
Asimismo, deja al descubierto los problemas estructurales de un sistema de salud, como coincidió con Tomás López Sarabia, fundador del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Cepiadet. “Me parece que hay un racismo histórico que implica el desplazamiento de la alimentación propia de las comunidades”, externó López Sarabia sobre políticas que desde su perspectiva dejan de lado al casi 70 por ciento de la población que en el estado se considera indígena o afrodescendiente.
