Guadalupe, Isabel y Rosario son mujeres indígenas zapotecas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; no son sumisas y tampoco débiles, al contrario salen a la calle y defienden sus saberes comunitarios contra los mega proyectos instalados en el Istmo de Tehuantepec, no ha sido fácil, ya que han sufrido hostigamiento, discriminación y en algunos casos agresiones verbales y psicológicas.

La entidad oaxaqueña, según el Informe (2016) de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ocupa el primer lugar en agresiones a mujeres defensoras indígenas, del 2012 al 2016 fueron 648 agresiones contra mujeres que defienden su territorialidad.

En esta zona oaxaqueña existen 21 parques eólicos en seis municipios (Juchitán, Ingenio Santo Domingo, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Juchitán) en los cuales están instalados mil 608 aerogeneradores, con una inversión total de 4 mil 318 millones de dólares que ha posicionado al estado de Oaxaca como uno de los mayores complejos de energía renovable no sólo en el país, sino en todo el Continente Americano.

Norma Cacho, coordinadora de procesos organizativos de Prodesc A. C., compartió que las mujeres defensoras al salir de sus casas y protestar, de manera automática la sociedad las desacredita y sufren violencias especificas, principalmente la sexual por su condición de género.

La especialista en temas de territorialidad explicó que nada es casualidad que Oaxaca ocupe el primer lugar de agresiones al igual que Guerrero y Chiapas, precisamente porque en estos tres estados de la República Mexicana se encuentra la mayor cantidad de recursos naturales y la mayor cantidad de mega proyectos que tienen que ver con la territorialidad.

“La situación no es nada fácil para las mujeres defensoras, por eso desde nuestra agrupación le damos el acompañamiento, recientemente el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat quien anunció nuevos proyectos, es decir más parques eólicos por lo que el escenario se visualiza más conflictivo”, expresó.

Resaltó que la defensa de la mujer en este tema va más allá de su medio ambiente y su territorio, sino que se busca que ese espacio dador de vida siga fértil y firme para sus descendientes.

“La mujer que lucha propone alternativas por eso están denunciando y por lo tanto son perseguidas”

El Centro de Derecho Mexicano Ambiental (CDMA) en su informe del año pasado dio a conocer que los defensores oaxaqueños se encuentran en una de las entidades federativas con los números más altos de agresiones a Defensores Ambientales con 35 casos de un total de 86 registrados en todo el país.

Las agresiones más recurrentes para los defensores mexicanos en el 2016 fueron las amenazas, las cuales representaron un 24 por ciento, seguidas de la intimidación con un 19 por ciento, la criminalización en un 18 por ciento y las agresiones físicas se presentaron en un 15 por ciento.

Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11 por ciento, la difamación con 6 por ciento, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en un 2 por ciento cada uno. Sólo se ha registrado hasta el momento un caso de homicidio.

Por su parte, el mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha identificado la misma tendencia sobre el gran número de casos en que los agresores son autoridades del Estado, pues señala como probables agresores de las personas defensoras de derechos humanos beneficiarias en el periodo de octubre de 2012 a junio de 2016 a 71 servidores públicos; 55 particulares y 66 como no identificados.

La mujer y la defensa de su tierra

Guadalupe Ramírez es integrante del Comité de Resistencia del Proyecto Eólico de Piedra Larga e Isabel Jiménez de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPJ) llevan más de cinco años en la resistencia contra los parques eólicos mientras que Rosario Castellanos originaria de Unión Hidalgo hace apenas unos meses se integró a la concientización social y las tres señalan que los parques eólicos instalados lejos de dejar beneficios han causado divisiones sociales y lo más lamentable es que se han olvidado de preservar los saberes comunitarios.

Coinciden en que ser mujer hoy en día es complejo y más aún ser mujer defensora de la tierra y el territorio ya que no está alejada de la violencia, al contrario se ha acrecentado y existe un estigma sobre aquella que deja su casa y sale a manifestarse porque se le discrimina y señala.

Isabel Jiménez se dedica a la elaboración de medicina tradicional desde hace 30 años, su vida era recolectar flores y plantas del campo, cuando se integró a la lucha de la defensa del medio ambiente todo cambió, sufrió persecución y hostigamiento, actualmente no sale sola de su casa y ya no va a su parcela porque teme a que la maten.

“No podemos permanecer callados ante tanta injusticia, es nuestra vida la que está en juego, mi familia me ruega que deje todo, pero les explico que lo hacemos porque queremos un mejor futuro, queremos que nuestra tierra sea de gente productiva y que ame su cultura, sus sabores y sus olores, no de un pueblo entreguista al mayor postor”, expresó.

La resistencia de Isabel y su agrupación es la consulta indígena que realizó la Secretaría de Energía en Juchitán en el 2015, interpusieron un amparo para que se anule porque aseguran que violó todo lo estipulado en el convenio 169 de la OIT porque no fue previa, libre y tampoco culturalmente adecuada, ya que aseguran que no se respetaron los usos y costumbres de la comunidad, tales como la lengua zapoteca y los tiempos comunitarios; no se tomaron en cuenta a las autoridades de la comunidad y la información se presentó en un lenguaje excesivamente técnico.

Guadalupe Ramírez, integrante del Comité de Resistencia al proyecto eólico en Unión Hidalgo, recordó que los poseedores de las tierras de Unión Hidalgo firmaron contratos de arrendamiento con la empresa Desarrollos Eólicos de México, S.A. de C.V., (DEMEX), filial de la española Renovalia Energy, con poca información y proporcionada en español a pesar de que en la región se habla zapoteco y sin contar con datos sobre las consecuencias que implicaría el proyecto en su territorio.

“Los representantes de DEMEX llegaron a nuestros domicilios solicitando la renta de nuestros terrenos para la construcción del parque eólico Piedra Larga Fase I y Fase II. Al firmar los contratos no se respetó el carácter comunal de la tierra, ya que en los documentos se asentó la calidad de las personas que firmaban como pequeños propietarios y no como comuneros, y ésta es la forma en la que se han firmado los demás contratos para parques de energía eólica en la región”, relató Guadalupe Ramírez.

Agregó que desde que llegó la empresa, quienes forman parte del Comité han sido víctimas de constantes intimidaciones, se han obstruido los caminos que llevan a sus tierras de cultivo y han sido testigos de la contaminación de sus tierras a causa del aceite vertido por los aerogeneradores, lo que derivó en la disminución de la productividad y afectó la economía local.

Guadalupe Ramírez no olvida el año 2012 cuando hubo detenciones arbitrarias contra cinco posesionarios de tierras que son miembros del comité por elementos de la Policía Estatal, por lo que solicitó desde entonces a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que le otorgara medidas cautelares que se han ampliado a petición de ProDESC, a todas y todos los comuneros.

En esta zona del Istmo de Tehuantepec se ha anunciado la puesta en marcha de otros 19 parques eólicos que vendrán casi a triplicar (3683 MW) lo que actualmente se produce de energía en el Istmo (2192 MW), además de otros proyectos de infraestructura de transporte, logística, comunicaciones, energética (gasoductos, parques eólicos, etc), proyectos mineros e hidráulicos.