Padres de familia que afirman que sus hijos han sido agredidos de diversas formas en el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 24, de Tamazulápam del Progreso, denunciaron a las autoridades educativas por omisión.
Fue el 11 de febrero cuando tomaron las instalaciones de la institución. Esa fecha, exhibieron el maltrato a niñas, niños y adolescentes, que se descubrió en el mes de noviembre de 2019.
Las liberaron porque presuntamente había un compromiso por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para atender la problemática.
Ayer, a través de una cuenta en rede sociales, denominada Coordinadora Estatal de Padres de Familia, denunciaron que no se ha atendido la situación.
“Por este medio, hacemos la denuncia pública del maestro Joaquín B.F.; del biólogo Juan J. C. V.; así como de todo el equipo de trabajo del IEEPO, por la falta de responsabilidad y capacidad para hacer valer el interés superior de la niñez”, citaron.
“Nuestras niñas, niños y adolescentes del CAM 24,de la Mixteca oaxaqueña, perteneciente al sector Huajuapan de León, en Tamazulápam del Progreso, han sufrido violencia física, emocional, sexual, psicológica y verbal por parte de las docentes en turno”, recalcaron.
Por voz de los padres y las madres de familia, informaron que en la institución se carece del perfil académico para atender a jóvenes, niños y niñas con discapacidad.
Por esa razón, padres de familia exigieron al IEEPO el resguardo inmediato del sello que aún se encuentra en manos de la directora comisionada, así como el sello del comité de padres de familia.
Esto, debido a que “está en poder de padres de familia que ya fueron desconocidos por la base de padres de familia y por la complicidad con las docentes que han violentado a los estudiantes del plantel CAM 24”.
“Exigimos justicia para nuestros niños, niñas y adolescentes que hoy por temor a la represión, no quieren regresar a convivir con las anteriores docentes”, apuntaron, ya que afirman que se tuvo la baja de varios de los estudiantes.
Ante esta situación, pidieron la intervención del gobernador del estado de Oaxaca y la presidenta del DIF Estatal, Alejandro Murat e Ivette Morán, y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), de lo contrario, dijeron que se reservan el derecho a la libre manifestación.
